Por Tania Rosas
Una revisión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a los procedimientos de contratación para la construcción de 17 sucursales del Banco del Bienestar en la Ciudad de México detectó irregularidades por casi 20 millones de pesos.
Un documento “de carácter reservado” con el folio 1372 emitido en junio de 2022, y que forma parte de los correos hackeados por el grupo “Guacamaya” a servidores informáticos de la Sedena, destaca que la subjefatura administrativa y logística de la Sedena pidió “un correctivo disciplinario consistente en arresto” para los militares responsables de las irregularidades.
Las anomalías fueron detectadas en cinco frentes en Ciudad de México, en los que la Sedena divide las obras que realiza, ocurridas entre septiembre de 2021 y febrero de 2022.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran la falta de comprobación de gastos, pagos en exceso, cancelación de comprobantes fiscales, errores en la retención de impuestos, pagos a proveedores contratados de forma irregular o sin contrato, y “aperturas de caja chica sin que exista evidencia documental que compruebe dicho gasto”.
El frente número 14, a cargo del capitán primero Manuel Alvarado, es el que tiene mayor monto de observaciones con 17.2 millones de pesos.
De ahí que la subjefatura administrativa y logística plantea un correctivo disciplinario contra Alvarado consistente en un arresto “debidamente fundamentado y motivado”.
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De acuerdo con el documento, Alvarado “sólo presentó ocho expedientes de la totalidad de sus procedimientos de adquisición, derivados de la construcción de cuatro sucursales del Banco del Bienestar”.
La misma medida se solicita para el responsable de esa dirección general por no haber presentado sus expedientes para revisión.
Este informe también detectó anomalías en los frentes 9, 10, 12 y 16.
La construcción y el equipamiento de unas dos mil 700 sucursales del Banco del Bienestar son tareas que el gobierno federal encargó a la Sedena. Estas sucursales sirven para que los beneficiarios de programas sociales del gobierno puedan recibir el dinero en efectivo y tener servicios bancarios.
