La Barra Mexicana de Abogados, Colegio de Abogados A. C., reprobó las declaraciones que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que investigará al juez que otorgó la suspensión provisional del programa piloto del nuevo Plan de Estudios de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
En un comunicado, los abogados señalaron que el poder del presidente “no es ilimitado” y afirmaron que uno de los límites es que él también puede estar sujeto a revisión en cuanto a su legalidad y constitucionalidad por otro poder para que haya un contrapeso con su actuar.
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“La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A. C. reprueba el acto del Ejecutivo Federal, en virtud de que constituye una afrenta a la división de poderes, establecida desde el siglo XVIII, para garantizar el uso apropiado del poder, confinando tareas a distintos órganos mediante una serie de pesos y contrapesos. Una de esas tareas consiste en el papel de los jueces de revisar la legalidad y constitucionalidad de los actos de los otros poderes”, indicó.
Esto luego del que el pasado 3 de octubre, un juez federal concediera un amparo para la suspensión provisional contra la implementación del programa piloto del nuevo Plan de Estudios de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria de la SEP en 960 escuelas del país.
El amparo fue promovido por la organización Educación con Rumbo y el 29 de septiembre un juez le concedió la suspensión provisional, de acuerdo con el expediente 1457/2022, radicado en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
Miguel Ángel Ortiz, abogado de la organización, señaló que el programa piloto de la SEP es inconstitucional porque afecta el principio de igualdad al establecer dos modelos de educación, uno para 960 escuelas públicas “que no cuenta con los estándares de calidad” y otro para el resto de las instituciones públicas y privadas.
Los abogados señalaron que el pasado viernes el presidente López Obrador “amenazó con investigar a un juzgador por suspender actos administrativos relacionados con el programa piloto de educación, mientras analiza su constitucionalidad”.
La Barra Mexicana de Abogados indicó que amenazar a un juez es ignorar el principio de división de poderes que está establecido en la Constitución y que es fundamental para tener un Estado de derecho y democrático.
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Exhortaron también al presidente López Obrador terminar con los ataques contra los jueces, magistrados y ministros, y realizar únicamente las responsabilidades que le otorgó la Constitución al tomar el cargo como Ejecutivo federal.
