Por Montserrat Peralta
Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el periodo 2009-2014, habría emitido una recomendación en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) porque esta dependencia no lo apoyó en su intento de ocupar una silla como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con un informe interno del Ejército que se encuentra entre los miles de correos hackeados por “Guacamaya”.
El documento de la Unidad de Asuntos Jurídicos, fechado en febrero de 2020, describe una reunión entre el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y los abogados particulares del teniente Ezequiel Rodríguez Martínez y de otros seis militares acusados de homicidio y abuso de autoridad en la ejecución de Tlatlaya, ocurrida el 30 de junio de 2014.
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Basado en las declaraciones de los defensores de los militares acusados, el documento SP/1879 dice que ante la negativa de la Sedena para apoyarlo en sus aspiraciones como ministro, la recomendación emitida por Plascencia Villanueva buscaba que la matanza de 22 personas en Tlatlaya fuera considerado de lesa humanidad, para evitar prescribiera y la información se hiciera pública.
La recomendación de la CNDH a la que se refiere el documento es la 51/2014 dirigida a los entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda; al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y al exgobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas.
El 30 de junio de 2014, en un operativo militar, 22 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente en una bodega de la comunidad de San Pedro Limón, en Tlatlaya. El gobierno de Enrique Peña Nieto aseguró que se trató de un enfrentamiento con delincuentes, versión desmentida por testigos de la matanza.
CEAV prometió presionar a víctima
En el mismo documento de la Sedena se revela que el Procurador General de Justicia Militar buscó un pacto con el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para que una de los tres testigos de la matanza desistiera de interponer un juicio de amparo.
El procurador militar “estableció coordinación con el titular de la CEAV, quien prometió que realizaría lo necesario para que Clara Gómez se desistiera del juicio de amparo en contra de la libertad del personal militar, dando largas al asunto hasta concluir la pasada administración, sin haberlo hecho”.
Clara Gómez es una de las tres testigos sobrevivientes y madre de una de las víctimas mortales del caso Tlatlaya.
La testigo, asesorada por el CEAV para interponer un amparo, “no se le reconoció la calidad de víctima y se estima que busca obtener una indemnización económica”, dice el reporte militar.
En cuanto a las declaraciones de las otras dos testigos, Cinthya Estefany Nava López y Patricia Campos Morales, la Sedena indicó que son contradictorias y que se tomaron en dos momentos distintos, por lo cual, “se presume fueron asesoradas y viciadas de fondo”.
En el aspecto jurídico, se informó el año pasado que la resolución que revoca la libertad del personal castrense es totalmente contraria a Derecho y “resulta imposible que 3 militares hayan podido someter y dar muerte a 22 personas con más de 40 armas de grueso calibre, opuesto a lo sostenido en dicha resolución”.
Sobre las pruebas periciales en criminalística y balística se dijo que se realizaron en dos momentos distintos por peritos adscritos a la entonces Procuraduría General de la República “mismas que se advierten contradictorias, una a favor y otra en contra del personal militar”.
Los abogados de los militares acusados establecen en el documento que el proceso se alargue de tres a cuatro años. El litigio sigue en tribunales.
