EFE.- El hackeo realizado por el colectivo Guacamaya y que derivó en la filtración de decenas de miles de documentos y correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desde 2016 hasta la actualidad, revelan la vulnerabilidad del Ejército de México en relación a la ciberseguridad y evidencian violaciones a los derechos humanos, según expertos consultados por Efe.
“Revela incompetencia o un descuido por parte del gobierno en la protección de ciberseguridad de sus instituciones, pero también la información que se ha revelado está ya contribuyendo a investigaciones que previamente íbamos haciendo (relacionadas con violaciones a los derechos humanos)”, indicó en una entrevista Luis Fernando García, director ejecutivo de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales.
Leopoldo Maldonado, director para México y Centroamérica Artículo 19, dijo a Efe que el Ejército y el gobierno tienen “responsabilidad por omisión” dentro de una institución “por las vulnerabilidades que hay en sus redes internas, en sus sistemas de seguridad cibernética”.
Además, subrayó, confirma que el Ejército está ejerciendo inteligencia de forma ilegal y que esa información está “fluyendo libremente, poniendo todavía más en riesgo a las personas”.
La semana pasada varios medios reportaron la filtración de decenas de miles de correos electrónicos que estaban desde 2016 hasta la actualidad en los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Los más de cuatro millones de documentos fueron extraídos por el colectivo Guacamaya, un grupo de activistas informáticos anónimos que ya habían hackeado a compañías mineras de países como Chile o Guatemala, petroleras de Venezuela, la Fiscalía de Venezuela, el Ejército, entre otros.
Los documentos incluyen detalles sobre el estado de salud del presidente, exhiben el poder del Ejército dentro del gobierno y disputas entre los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina (Semar), José Rafael Ojeda.
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También hay detalles sobre el llamado “Culiacanazo”, operativo fallido de octubre de 2019 que buscó detener a Ovidio Guzmán, hijo del “Chapo” Guzmán en Sinaloa y sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en 2014.
Maldonado y García ofrecieron declaraciones a Efe tras la presentación el lunes de la investigación “Ejército Espía”, que recoge los casos de Raymundo Ramos, defensor de los derechos humanos en Tamaulipas; del periodista Ricardo Raphael, y un periodista del medio de comunicación Animal Político, cuyos teléfonos móviles fueron intervenidos durante la actual administración mexicana.
“Esa investigación que llevamos meses trabajando se nutrió en los últimos días de información obtenida a través de ese ataque informático a la Sedena”, concretó García, quien solicitó junto con sus compañeros de investigación una respuesta por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, esta mañana el mandatario rechazó las acusaciones de que el Ejército espíe a periodistas o a opositores a través del software Pegasus.
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“No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores, no somos iguales a los anteriores (gobiernos), no es cierto”, dijo.
López Obrador afirmó que hizo el compromiso de que nadie iba a ser espiado, “ningún opositor”, y pidió que si hay pruebas se presenten ante las autoridades correspondientes, pero que tras leer sobre la denuncia consideró que “no hay elementos”.
Hasta el momento, varios medios de comunicación han ido publicando información obtenida de los documentos filtrados, pero los expertos insisten en que en las próximas semanas e incluso meses será que se vaya conociendo la información al completo, dado el volumen.
