Foto: Cuartoscuro
Reuters.- Las conversaciones para resolver una disputa entre Estados Unidos y México sobre políticas energéticas de la nación latinoamericana se extenderán más allá de un período de consulta inicial, mientras las partes reducen sus diferencias, según tres funcionarios familiarizados con el asunto.
La oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés) solicitó en julio consultas, alegando que las políticas energéticas del presidente Andrés Manuel López Obrador discriminaban a las empresas estadounidenses y violaban un pacto comercial norteamericano.
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Según el acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México (T-MEC), si una queja de este tipo no se resuelve en 75 días de consultas, se puede solicitar un panel de disputas para revisar los reclamos. Eso podría exponer a México al riesgo de aranceles comerciales en represalia.
Sin embargo, tres funcionarios -de los gobiernos de ambos lados de la disputa- dijeron que los progresos realizados para limar asperezas significaban que las conversaciones seguirían adelante más allá del 3 de octubre, cuando expiran los 75 días.
Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato debido a lo delicado del asunto.
“En mi opinión el gobierno mexicano ha buscado atender las solicitudes del gobierno de Estados Unidos y Canadá con las miras hacia una solución que evite llegar a un arbitraje internacional”, dijo Francisco de Rosenzweig, un exfuncionario comercial mexicano de alto nivel.
Ni la Secretaría de Economía de México ni el USTR respondieron inmediatamente a solicitudes de comentarios.
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En el centro de la queja de Estados Unidos, a la que se sumó Canadá, se encuentran: los retrasos en el otorgamiento de permisos, una ley eléctrica mexicana que da prioridad a las empresas estatales sobre las privadas y otras normas que los inversores consideran que les perjudican, según fuentes del sector.
En las últimas semanas, las tensiones se han visto aliviadas por decisiones de tribunales mexicanos, que han suspendido controvertidas normas y por indicios de que los organismos reguladores mexicanos han empezado a abordar las frustraciones relacionadas con los permisos, según fuentes del sector y funcionarios.
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