AP.- El expresidente de Bolivia, Evo Morales, se mostró dispuesto a ser investigado por un operativo policial ordenado durante su gobierno en 2009, en el que murieron tres extranjeros acusados de terrorismo después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendara al Estado indagar sobre el episodio.
“Corresponde que el Ministerio de Justicia denuncie ese hecho y reabra el caso para lograr una sanción ejemplar a los que atentaron contra la unidad de la patria”, dijo Morales el martes en su cuenta de Twitter.
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La CIDH concluyó que la muerte del irlandés Michael Dywer “resulta atribuible al Estado y constituye una privación arbitraria de la vida”, señaló el organismo en un informe que remitió al gobierno y en el que recomendó “iniciar una investigación penal de manera diligente” y reparar a las víctimas.
El informe se filtró a la prensa el fin de semana y el martes el Ministerio de Justicia admitió en un comunicado que “se encuentra bajo reserva y confidencialidad” por lo que “no puede emitir ningún criterio”.
En 2009, Evo Morales enfrentó una dura rebelión en cuatro regiones liderada por la oposición derechista, a la que el gobernante acusó de buscar la fractura del país y contratar mercenarios extranjeros. Los opositores dijeron que era un movimiento autónomo.
En el asalto policial murieron el húngaro-boliviano Eduardo Rózsa, el húngaro-rumano Arpad Magyarosi y Dywer. De ellos, el primero había luchado en la guerra de los Balcanes. La policía dijo que hubo un tiroteo durante el asalto, pero los familiares y opositores sostienen que fueron ejecutados.
La investigación y el juicio posterior recibieron presiones del gobierno, denunciaron una veintena de procesados, muchos de los cuales pasaron casi 10 años en la cárcel, hasta que en 2020 el gobierno interino de la presidenta Jeanine Áñez cerró el caso y la Fiscalía retiró las acusaciones. Los procesados apelaron a la CIDH.
Varios organismos internacionales han señalado la falta de independencia de la justicia en Bolivia, lo que ha impedido una investigación y un juicio imparcial.
Cuanto ocurrió el operativo, Evo Morales se encontraba en Venezuela, donde declaró que él lo había ordenado.
Juristas y analistas indicaron que la investigación judicial debe ser impulsada por el heredero político de Morales, el actual presidente Luis Arce, en medio de una pugna en el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por el exmandatario.
