Por Alina Navarrete Fernández/Corresponsal
El abogado de las madres y padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, dijo que no se puede celebrar ni considerar como un avance la detención del excomandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, José Rodríguez Pérez.
Consultado sobre la ejecución de tres de cuatro órdenes de aprehensión contra militares implicados en el Caso Ayotzinapa, incluida la de José Rodríguez, Vidulfo Rosales declaró que se enteró de las detenciones por los medios de comunicación, pero “no tenemos mayor información”.
“No sabemos por qué delitos están detenidos, ante qué instancia están siendo procesados, cuál es la situación jurídica que tienen estas personas, pero vamos a esperar en el curso de las próximas horas a que nos informen cuál es la situación que prevalece”, dijo.
Señaló que es “extraño” que de las 20 órdenes de aprehensión contra militares solamente se haya procedido contra tres debido a que si las autoridades notificaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) “había elementos, había posibilidades en prácticas fácticas de poder detener a todos”.
Puntualizó que la Sedena tenía “el deber jurídico” de poner a disposición a los militares señalados ante las instancias que los están requiriendo, luego de que el gobierno federal informó que había órdenes de aprehensión en su contra.
Destacó que las autoridades informaron de las órdenes de aprehensión a finales de agosto, pero pasaron varios días antes de proceder con su ejecución, “eso nos genera preocupación, estas formas, esta dosificación” de las detenciones.
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Sobre la impugnación que el Ministerio Público interpondrá ante la absolución del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, detalló que las pruebas acusatorias o que sustentan la acusación en su contra están basadas en tortura y otras irregularidades que se cometieron en la fabricación de “la mal llamada verdad histórica”.
Explicó que a José Luis Abarca se le acusó de secuestro, pero ese delito se determina cuando se lucra con la privación de la libertad de una persona y se le debió imputar el delito de desaparición, “es algo que estuvimos peleando nosotros con la anterior Procuraduría General República cuando estaba Jesús Murillo Karam“.
Por último, dijo que si bien José Luis Abarca no cometió el secuestro de los normalistas y fue presuntamente torturado, “no quiere decir que sea inocente, hay un proceso irregular en su contra que derivó en su absolución, pero qué es susceptible de ser impugnada” y espera que las autoridades procedan en su contra.
