El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) aseguró la noche del martes que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) evidenció su falta de autonomía luego de que informó que respalda el decreto por el que la Guardia Nacional se incorpora a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“La CNDH evidencia una vez más su falta de autonomía: abdica de su facultad de interponer acción de inconstitucionalidad contra las reformas a la Guardia Nacional. Las 16 páginas de su posicionamiento son muestra penosa de falta de independencia y desconocimiento de estándares de derechos humanos”, acusó la organización civil.
Ayer la CNDH informó en un comunicado que no promoverá ninguna acción de inconstitucionalidad contra el decreto que militariza a la Guardia Nacional —que surgió como un cuerpo civil en tareas de seguridad—.
En su posicionamiento, el organismo señaló que el decreto se debe a que existe un problema de seguridad nacional y seguridad pública, por lo que es necesario que la Sedena tome el control operativo de la Guardia Nacional para que “se realice de manera directa y con una sola directriz”.
La comisión afirmó que debido a la actual ola de violencia, el respaldo militar puede ser admisible desde el punto de vista de los derechos humanos, mientras su intervención se encuentre acordada dentro de cierto tiempo y sujeta a casos de excepcionalidad.
En días previos, organizaciones civiles nacionales e internacionales se posicionaron en contra de la militarización porque es contraria a los derechos humanos, sin embargo, el presidente López Obrador y los morenistas continuaron con la iniciativa hasta que fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El pasado 9 de septiembre, la alta comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, mostró su preocupación por la iniciativa y señaló que las Fuerzas Armadas sólo se deben usar de forma excepcional.
“Las reformas dejan a México sin una fuerza policial civil a nivel federal, consolidando aún más el ya prominente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública en México. Los mecanismos de derechos humanos han señalado claramente que las Fuerzas Armadas sólo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso, y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes”, afirmó.
