Por Alina Navarrete Fernández
En el primer día de las manifestaciones para exigir la aparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, madres y padres de las víctimas, normalistas y activistas bloquearon la Autopista del Sol en Chilpancingo por más de tres horas.
A dos semanas de que se cumplan ocho años de los ataques de Iguala, María Martínez Zeferino y Cristina Bautista Salvador —madres de los normalistas desaparecidos Miguel Ángel Hernández Martínez y Benjamín Asencio Bautista— reclamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que el caso no se ha esclarecido.
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Señalaron que el gobierno del mandatario federal no ha ejecutado las 83 órdenes de aprehensión liberada hace un mes contra actores involucrados, entre ellos militares.
La jornada arrancó este lunes con un bloqueo vehicular y un mitin en el punto conocido como Parador del Marqués, donde fueron asesinados los normalistas de Ayotzinapa, Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, el 12 de diciembre del 2011.
En su intervención, María Martínez recordó que el gobierno federal reconoció que el Estado participó en la desaparición forzada de los 43 estudiantes, pero no ha actuado en consecuencia: “Queremos justicia, queremos saber dónde están nuestros hijos (…) Queremos que sigan deteniendo a los responsables”.
“Si él piensa que con el informe que nos dio con eso ya cumplió, pues no, para nosotros no está claro, y como él dice que ya sabe qué pasó con nuestros hijos, nosotros estamos en las mismas porque no sabemos dónde están, que nos diga dónde se encuentran”, exigió Martínez.
Reprochó que, en las reuniones que han tenido con el presidente, manifiesta su disponibilidad para esclarecer los hechos y encontrar a los jóvenes “pero cuando salimos nos dan la espalda”.
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Cristina Bautista señaló que “el principal culpable” de los hechos es Ángel Aguirre Rivero, quien fue gobernador de Guerrero cuando ocurrieron los hechos en Iguala. “Él los mandó a asesinar y él los mandó a desaparecer a nuestros hijos, como madres y padres, exigimos que todos en ese momento del 26 de septiembre del 2014 que estaban como gobierno deben ser castigados”, dijo.
Acusó al gobierno federal de pretender engañar a las familias de las víctimas con la detención del extitular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, pero “no queremos las migajas que nos quiere dar el gobierno” por lo que exigió la ejecución de las órdenes de aprehensión pendientes.
Por su parte, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, afirmó que “el gobierno del estado de Guerrero sabía perfectamente lo que estaba sucediendo, tenía cabal conocimiento de lo que estaba sucediendo (…) el Ejército mexicano sabía en tiempo real el movimiento exacto, preciso de los estudiantes de Ayotzinapa” la noche de los ataques.
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“Nadie nos puede decir que no exijamos prisión para los elementos del Ejército mexicano ya señalados por el gobierno, es más, nos extraña, nos preocupa que a más de un mes del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, hoy no tengamos a ningún soldado procesado, a ningún general detenido”, dijo Rosales.
Finalmente, los manifestantes declararon que mantendrán las manifestaciones hasta que las autoridades esclarezcan los hechos, encuentren a los normalistas desaparecidos y todos los responsables sean castigados conforme a la ley.
