Este jueves, senadores de oposición abrieron el debate sobre la iniciativa del gobierno federal que busca otorgar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control de la Guardia Nacional, exponiendo expresiones contra la militarización del país hechas en su momento por integrantes de la Cuarta Transformación.
En la sesión llevada a cabo en el Senado de la República, el debate inició con la presidenta de la Comisión de Justicia en la Cámara Alta, Olga Sánchez Cordero, presentando el dictamen de reforma de la Guardia Nacional.
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Mientras Sánchez Cordero argumentaba a favor, las senadoras panistas Xóchitl Gálvez, Kenia López y Lilly Téllez mostraron carteles con los rostros del presidente de la República, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y la senadora Citlalli Hernández, en los que incluyeron las declaraciones que hicieron en contra de la iniciativa que hoy apoyan.
“Debe fortalecerse el poder civil con el establecimiento de la democracia. El militarismo no es solución”, se leía en el cartel que sostenía Gálvez, con un tuit del presidente López Obrador.
Por su parte, Kenia López mostró otro tuit de Claudia Sheinbaum con el mensaje: “Más grave que impunidad es la colusión e involucramiento de policías, ministros públicos, gobierno y ejército”.
En su intervención, Sánchez Cordero, aseguró que de aprobarse el dictamen “en ningún momento puede ser entendida como un cheque en blanco para la Guardia Nacional”.
“Insisto, no es cheque en blanco para la Guardia Nacional y sus mandos estratégicos, tácticos y operativos, porque de conformidad con el artículo 76 constitucional, que le da al Senado atribuciones exclusivas, analizará y aprobará el informe anual que el Ejecutivo federal le presente sobre las actividades de la Guardia Nacional”, apuntó.
Seguido, el senador morenista Rafael Espino de la Peña también respaldó la iniciativa de la Guardia Nacional, señalando que “la seguridad pública es el primer atributo del bienestar”.
“Desde hace por lo menos tres décadas, México en materia de seguridad se encuentra inmerso en una situación crítica. Considero prioritario apoyar al Ejecutivo federal en estos ajustes operativos de la Guardia Nacional, el instrumento primordial para las tareas de prevención del delito”, dijo.
En respuesta, llegó el turno del senador de PRD, Miguel Ángel Mancera, quien afirmó que no se puede acompañar a la reforma debido a que eso afectaría a la Constitución y “las leyes irían cayendo como fichas de dominó cuando se haga la prueba constitucional de las mismas”.
“La propia ley de la Guardia Nacional no viene contenida en la reforma de su artículo cuarto que señala ‘la Guardia Nacional está adscrita como órgano administrativo desconcertado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana'”, aseveró.
De igual manera, la senadora Claudia Ruiz Massieu se mostró en contra del dictamen, al que calificó como “un error” que representa “una voluntad inequívoca de cancelar la posibilidad de contar con un cuerpo de seguridad civil que sea fuerte y confiable”.
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“La militarización no es la respuesta, y sé que la mayoría de ustedes lo sabe”, dijo Ruiz Massieu.
En tanto, el legislador Noé Castañón, de Movimiento Ciudadano, acusó que esta iniciativa transfiere “de facto” el control de la corporación a las Fuerzas Armadas, lo que resulta violatorio a lo establecido en el artículo 21 constitucional.
“El otorgar el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena, esta excedería en sus funciones el eje de hacer tareas de seguridad pública de forma permanente, no excepcionalmente como establece el artículo transitorio quinto de la reforma constitucional”.
