Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que los ministros votarán con independencia y responsabilidad el proyecto que propone invalidar la prisión preventiva oficiosa que discutirá este lunes el pleno.
“El día de hoy la SCJN inicia el debate de uno de los temas más trascendentes para el sistema constitucional y los Derechos Humanos de todas las personas. Lo haremos con independencia y con plena responsabilidad”, señaló el ministro en sus redes sociales.
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Este lunes, tras posponer la discusión en varias ocasiones, el pleno de la SCJN discutirá el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales que propone declarar la invalidez de la prisión preventiva oficiosa —una medida cautelar que encarcela a los acusados de ciertos delitos de forma automática sin que antes se demuestre si son culpables—.
El proyecto propone declarar la invalidez del artículo 167 párrafo séptimo del Código Nacional de Procedimientos Penales, con lo cual se eliminaría la lista de “delitos graves” que ameritan prisión preventiva oficiosa. La ampliación de esa lista fue promovida por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el proyecto, el ministro destacó que Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que la regla general debe ser la libertad de los acusados mientras se resuelve su responsabilidad penal, ya que este goza de la presunción de inocencia.
Y destacó que, en forma excepcional, el Estado podrá recurrir a la prisión preventiva con el fin de evitar situaciones que pongan en peligro la consecución de los fines del proceso.
El ministro no propone que se elimine la prisión preventiva, sino que sea aplicada sólo de forma justificada y no de forma automática, como actualmente se establece en ciertos delitos.
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Sin embargo, el gobierno del presidente López Obrador se ha posicionado en contra del proyecto e incluso acusó que en esencia “busca impunidad y corrupción”.
Además, según el gobierno de México, la prisión preventiva oficiosa es esencial para la estrategia de seguridad para asegurar que los criminales, a quienes se les detiene por delitos graves, no se sustraigan de la justicia.
