La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California (PGJE), para reparar los daños en el caso donde una persona murió a causa de heridas de arma de fuego en la ciudad de Cabo San Lucas en 2017.
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La CNDH se dirigió a los titulares de las tres dependencias, José Rafael Ojeda Durán (Semar); Alejandro Gertz Manero (FGR), y Daniel de la Rosa Anaya (PGJE) para señalar que los elementos de la Marina hicieron uso excesivo de la fuerza y violaron los derechos humanos de las víctimas.
“La víctima fue atacada por elementos de la Semar, quienes persiguieron el vehículo en el que viajaba junto a otra persona y les dispararon en diversas ocasiones sin intentar otros medios de disuasión, lo que provocó el fallecimiento de una persona y heridas en la otra”, detalló la comisión en un comunicado.
Fue el 24 de julio de 2017 cuando el organismo recibió un expediente de queja por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur. El documento presentado narra como el 12 de junio de ese mismo año elementos de la Semar persiguieron a las víctimas mientras disparaban contra su vehículo, justificando que actuaban de manera sospechosa.
Como consecuencia, la persona que resultó con heridas de mayor gravedad murió en el hospital general de subzona número 26, mientras que la otra víctima logró sobrevivir tras el ataque y fue atendida para seguir con su recuperación.
A pesar de que los elementos de la Semar alegaron que recibieron disparos por parte de los “sospechosos”, en la carpeta de investigación no se halló evidencia que respaldara esta versión de los hechos, por lo que se determinó que hicieron uso excesivo de la fuerza.
Por lo anterior, la CNDH solicitó a la Semar que proceda a la inmediata reparación del daño causado a las víctimas indirectas. Así como una compensación justa en términos de la Ley General de Víctimas y se les brinde la atención psicológica o tanatológica que sea requerida.
Otra de las recomendaciones es que la dependencia colabore con las autoridades correspondientes en las investigaciones contra los servidores públicos involucrados en los hechos. A la FGR se le pidió realizar un estudio técnico-jurídico en las carpetas de investigación del caso ocurrido hace cinco años.
