Por llevar a cabo prácticas que afectan los procesos de licitación, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por siete años a nueve empresas que ofrecían servicios como laboratorios clínicos y bancos de sangre para participar en concursos públicos y recibir contratos del gobierno federal.
A través de un comunicado, la dependencia detalló este martes que las empresas también fueron multadas por un monto en conjunto de 902 millones 187 mil pesos por el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
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Se trata de las empresas Centrum Promotora Internacional; Instrumentos y Equipos Falcon; Impromed; Valtrum; Selecciones Médicas; Servicios de Mínimo Invasión; Proyectos en Procesos de Recurso Humanos; DAI Servicios, y SERVAD Promo Asistencial.
Según denuncias recibidas entre 2015 y 2021, en las adjudicaciones de ocho servicios integrales del ISSSTE, dichas empresas se ponían de acuerdo para beneficiarse entre ellas y acordaban repartirse cada una las partidas en los procedimientos de contratación relacionados con los servicios de análisis clínicos y banco de sangre.
Con las sanciones, las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con dichas compañías sancionadas.
“Las conductas sancionadas han provocado afectaciones a la libre participación, transparencia, igualdad y mejores condiciones para el Estado, en particular, para las personas derechohabientes del ISSSTE”, señaló la Secretaría de la Función Pública.
Desde la semana pasada, el ISSSTE notificó de la inhabilitación de algunas empresas a los oficiales mayores de las dependencias y a la Fiscalía General de la República (FGR), a través de circulares publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
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En 2020, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) impuso multas a tres de las empresas que ahora fueron inhabilitadas por la SFP por las mismas prácticas que, en ese entonces, calificó como monopólicas.
