La organización Human Rights Watch (HRW) consideró como una amenaza para los derechos humanos el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador de militarizar la seguridad pública, al integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
A través de un comunicado, HRW refirió que cuando se asignan las tareas de seguridad pública a soldados o marinos, se han reportado la detención arbitraria de civiles.
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“Formalizar y extender por tiempo indefinido el control militar de las tareas de seguridad pública a nivel federal constituye una grave amenaza a los derechos humanos y la transparencia”, se lee en el documento.
La organización indicó que en los primeros años de la administración actual, el Ejército ha reportado 640 enfrentamientos con civiles en los que mató a 515 personas, detuvo a 381 y 89 resultaron heridas.
“Durante el gobierno actual han continuado los señalamientos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares. Los responsables de estos abusos casi nunca son llevados ante la justicia”, afirmó la organización.
También criticó que los militares que se han desplegado desde 2006 para atender la seguridad pública, han cometido ejecuciones, desapariciones forzadas y tortura.
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“Casi dos décadas de intervención militar en seguridad pública no han logrado poner fin a la violencia implacable de los cárteles mexicanos y han propiciado innumerables atrocidades cometidas por soldados y marinos, con casi total impunidad”, señaló el investigador para México, Tyler Mattiace.
HRW puntualizó que las fuerzas militares se han negado a divulgar información sobre los abusos que han cometido, a pesar de la existencia de la ley de transparencia en México.
“La información que el Ejército publica sobre enfrentamientos con agresores, supuestamente armados, también plantea dudas sobre la preparación y la predisposición de los soldados para atenerse a las normas de uso de la fuerza en operativos de orden público civil”, agregó.
Human Rights Watch recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictaminado que los militares deben “intervenir en tareas de orden público en circunstancias extraordinarias, con el fin de apoyar a los funcionarios civiles, pero no de reemplazarlos”.
