Por José Gerardo Mejía
El Gobierno Federal presentó ante los diputados de Morena, PVEM y Partido del Trabajo, “12 Propuestas legislativas para la construcción de la paz”, que consideran la adscripción de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por medio de una iniciativa preferente del Ejecutivo Federal.
A casi cuatro años de que Andrés Manuel López Obrador asumiera la Presidencia de la República, periodo en el que cifras oficiales indican que van 128 mil 152 asesinatos, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), desglosó la agenda parlamentaria urgente de la 4T en materia de seguridad.
“La labor de las y los diputados contribuyen a la transformación del país y a su pacificación”, destaca el documento presentado por la funcionaria en la plenaria de Morena, que inició este jueves con la participación de legisladores del PVEM y Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados.
La anexión de la GN a las fuerzas armadas, adelantar recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), descongelar cuentas provenientes del crimen organizado para “fortalecer a los cuerpos de seguridad”, libertad anticipada ante condenas breves, es parte de las iniciativas que deberán aprobarse para concretar los 12 puntos.
Sobre la adscripción de la GN a la Sedena, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, informó que cuando inicie el próximo periodo de sesiones, el Ejecutivo Federal promoverá los cambios sin necesidad de discutirlo con los legisladores de la oposición.
“Si la oposición, que es una minoría clara, decide seguir en una moratoria legislativa, pues es su decisión y es respetable”, comentó el secretario de Gobernación en conferencia de prensa posterior.
Las modificaciones serán a la ley orgánica de la administración pública federal, ley del Ejército y la ley de la Guardia Nacional y “se lleva dentro del marco de la evolución del sistema nacional de seguridad pública”, dijo López Hernández, quien aclaró que posteriormente se precisarán los cambios.
Rodríguez Velázquez abundó en su intervención que “el presidente ya anunció que su adscripción a la Sedena podría hacerse a través de un decreto o una reforma legal, pero qué mejor que quede establecido normativamente y se dé certeza jurídica a este cambio”.
De acuerdo a los datos de la titular de la SSPC, “la Guardia Nacional se ha ganado la confianza del 74.5% de la población y da resultados todos los días”, comentó la titular de la SSPC a diputados apoyada en el documento de 46 páginas.
En cuanto al refinanciamiento del FASP, explicó que esto “permitiría adelantar recursos del 2023 y del 2024 a los estados en este año 2022 para el equipamiento de policías estatales y municipales”.
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“¿Cómo sería? En la misma ley que diga que tiene que ser equipo concreto, palpable: patrullas, uniformes, chalecos, cascos, radios, lo que necesiten los municipios, en acuerdo con los gobiernos estatales. Se requiere un cambio en los artículos 45 y 51 de la ley de coordinación fiscal”, explicó.
Rodríguez Velázquez abundó que para poder “descongelar miles de millones de cuentas congeladas” procedentes del crimen organizado y por delitos del llamado cuello blanco, para equipar y capacitar los cuerpos de seguridad, se requieren cambios a los artículos 61 y 115 de la ley de instituciones de crédito.
La propuesta 12, es una reforma a la ley de migración, para tipificar nuevas conductas delincuenciales y establecer sanciones más severas, por lo que se plantea que “sea delito obtener un beneficio por la transportación de migrantes en el momento o a futuro, y no solo conseguir un lucro por su transportación”.
“Se requieren adecuaciones a la ley federal de comunicaciones y transportes para reforzar las capacidades del estado en la vigilancia e inspección de caminos y puentes, los servicios de autotransporte, el transporte privado y sus servicios auxiliares”, expresó la funcionaria federal.
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Como parte de la “construcción de la paz”, se tiene previsto reforzar el combate contra la extorsión, para lo que se requiere reformar el artículo 390 del Código Penal Federal “para facilitar la integración de este delito”.
“En la actualidad, sólo cuando se obtiene un lucro o se causa un perjuicio patrimonial se hace efectiva una sanción”, recordó Rosa Icela Rodríguez.
Propuso también consolidar un informe policial homologado, “para que tenga una naturaleza administrativa y se elabore durante la vinculación a proceso y no en el marco de la detención de una persona”.
“De esta manera, no chocaría con el informe de detenciones y se contaría con mayor información para integrar una mejor estadística criminal”, dijo.
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A la par, explicó la titular de la SSPC, está el proyecto de iniciativa de ley general de seguridad privada, que cuya aprobación “permitirá contar con un registro nacional de empresas de seguridad privada y personal operativo, así como homogeneizar los procesos de autorización, registro y revalidación”.
“La propuesta, número cinco, busca que tanto el Presidente como los gobernadores puedan otorgar preliberaciones a través de un comité integrado por autoridades penitenciarias, el Poder Judicial, las fiscalías y la defensoría pública”.
“Serían los que puedan determinar la procedencia y otorgamiento del beneficio de libertad anticipada de personas con condenas breves o en estado de vulnerabilidad”, apuntó.
Además, pidió dar luz verde a la iniciativa de ley general de ciberseguridad “para la supervisión y vigilancia del ciberespacio, así como la sanción a quien incurra en ciberdelitos, además de que se emitiría un decreto que regularía el contenido violento o explícito de los videojuegos”.
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Y una más es la reforma a la de la ley federal para el control de precursores químicos, productos químicos esenciales y máquinas para elaborar cápsulas, tabletas y/o nueve comprimidos, para “actuar con mayor prontitud y eficacia para prevenir, detectar y evitar el desvío de precursores químicos y productos químicos esenciales”.
“Se busca fortalecer la seguridad en puntos de control y revisión de zonas fronterizas, aeropuertos, puertos y puntos de internación al país de estas sustancias químicas”, abundó la funcionaria.
