Por José Gerardo Mejía
Un juez vinculó a proceso a Jesús Murillo Karam, exprocurador de la República, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
A las 8:00 de la mañana de este miércoles comenzó la audiencia en los tribunales del Reclusorio Norte, donde el juez de Control, Marco Antonio Fuerte Tapia, dictó prisión preventiva contra el exfuncionario.
Puedes leer: “El exprocurador siempre se condujo con integridad”: legisladores del PRI defienden a Murillo Karam
En el caso de la desaparición forzada, el delito fue reclasificado con base en el Código Penal Federal, por lo que Murillo Karam podría alcanzar penas que irían desde los 15 hasta los 60 de prisión en caso de ser encontrado culpable de todos los delitos por los que la Fiscalía General de la República le acusa.
El delito de desaparición forzada amerita prisión preventiva oficiosa, por lo cual, Murillo Karam estará privado de la libertad durante su proceso penal.
La defensa del exprocurador solicitó que siga su proceso fuera de prisión con base en un peritaje médico que se presentó.
El sábado pasado se llevó a cabo la primera audiencia del exfuncionario que duró 11 horas y media. El exprocurador fue detenido la tarde del viernes frente a su domicilio, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
La detención del exfuncionario ocurrió un día después de que el gobierno federal presentó un informe sobre los avances de la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Murillo Karam fue uno de los funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto que participó en las investigaciones del caso Ayotzinapa y presentó la “verdad histórica”, la versión oficial de la desaparición de los normalistas.
Recomendamos: Juez ordena garantizar la vida y salud de Murillo Karam, preso en el Reclusorio Norte por el caso Ayotzinapa
El 27 de enero de 2015, el entonces procurador General de la República dijo que los 43 estudiantes de Escuela Normal Raúl Isidro Burgos habían sido secuestrados, asesinados, y que sus cuerpos fueron calcinados y arrojados al río San Juan, en Guerrero, por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.
Según la “verdad histórica” del caso, los estudiantes habían sido confundidos con miembros de Los Rojos, grupo delictivo con el que se disputaban la plaza.
Sin embargo, investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) del caso Ayotzinapa revelaron en marzo que la Secretaría de Marina (Semar) alteró el basurero de Cocula, un mes después de la desaparición de los normalistas.
