Foto: EFE
AP.- A unas semanas de que se realicen las elecciones presidenciales en Brasil, la policía realizó este martes varios cateos contra distintos líderes empresariales que supuestamente eran parte de un grupo de chat privado en el que comentaron estar a favor de realizar un golpe de Estado y de buscar la participación de militares en la política.
Un juez del Supremo Tribunal Federal, que preside a la autoridad electoral del país, emitió las órdenes de allanamiento e incautación, según un comunicado de la policía federal. Las órdenes eran dirigidas contra destacados partidarios del presidente Jair Bolsonaro, según dos de las personas cuyas propiedades fueron registradas y una fuente con conocimiento de la operación.
Muchos de los comentarios eran especulativos y parecían reflejar opiniones personales más que un esfuerzo coordinado para socavar la democracia brasileña. Sin embargo, alimentaron el nerviosismo nacional sobre si las acusaciones infundadas de Bolsonaro de que el sistema electoral es vulnerable al fraude estaban sentando las bases para una toma de poder ilegal si la votación no le favorece.
La primera vuelta de las elecciones es el 2 de octubre, con una posible segunda vuelta el 30 de octubre en caso de que ningún candidato obtenga más del 50% de los votos.
De acuerdo con la fuente, que tenía conocimiento de los allanamientos, las órdenes tenían como objetivo a ocho empresarios que fueron nombrados en un texto publicado la semana pasada en el sitio de noticias Metropoles, que incluyó capturas de pantalla de su chat grupal en la aplicación de mensajes WhatsApp. La persona habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizada a discutir el tema públicamente.
Muchos de los ejecutivos que aparecen en la historia publicada por Metropoles el 17 de agosto han dicho desde entonces que respaldan la democracia, y los aliados de Bolsonaro criticaron inmediatamente el operativo, al que calificaron de extralimitación judicial.
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En 2018, el rápido ascenso de Bolsonaro como candidato presidencial se aceleró gracias a los mensajes automatizados de WhatsApp que algunas empresas enviaron a los votantes.
Además de girar las órdenes de allanamiento, el magistrado Alexandre de Moraes determinó que las cuentas de redes sociales de los empresarios fueran bloqueadas y se les congelaran sus cuentas bancarias, reportó el sitio de noticias de internet G1. De Moraes también desprecintó sus registros bancarios y autorizó a la policía federal a tomarles declaración, informó el sitio.
“Esto claramente es un operativo para intimidar a cualquier figura prominente para que no tome una posición política a favor de Bolsonaro o en contra de la izquierda”, tuiteó Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente y legislador federal. “Esto es un ataque a la democracia en plena campaña electoral. Censura. ¡No hay otra palabra!”
En su publicación del 17 de agosto, Metropoles dijo que había estado monitoreando el grupo de WhatsApp llamado “Empresarios y Política” durante meses. Mostró mensajes enviados por propietarios de una popular cadena de restaurantes, centros comerciales y compañías de construcción, entre otras, en los que expresaban su lealtad a Bolsonaro y respaldaban las afirmaciones del presidente de que el sistema judicial está trabajando en su contra.
“Prefiero un golpe de Estado a que regrese el Partido de los Trabajadores. Un millón de veces más”, dice uno de los miembros del grupo, de acuerdo con una captura de pantalla publicada en la nota, refiriéndose al partido de izquierda al que pertenece el candidato presidencial y exmandatario de la nación Luiz Inácio Lula da Silva. “Y ciertamente nadie dejará de hacer negocios con Brasil. Como lo hacen con varias dictaduras del mundo”, añadió.
Bolsonaro ha afirmado, sin aportar ninguna prueba, que las máquinas de votación electrónica que se utilizan en Brasil desde mediados de la década de 1990 son propensas al fraude. También ha dicho que algunos miembros de la autoridad electoral están favoreciendo a Lula, que lidera todas las encuestas para volver al cargo que ocupó de 2003 a 2010.
El Supremo Tribunal de Brasil informó en un correo electrónico que la decisión de De Moraes de emitir las órdenes estaba bajo precinto. El breve comunicado de la policía mencionó ocho órdenes judiciales en cinco estados.
Entre los empresarios señalados se encuentra Luciano Hang, propietario de la minorista brasileña Havan y un ferviente partidario de Bolsonaro, según reportaron varios medios de comunicación, incluido el periódico Folha de S.Paulo. En su cuenta oficial de Twitter, Hang dijo que el texto de Metropoles era “irresponsable” y que había creado una narrativa falsa: “Nunca hablé sobre un golpe de Estado”.
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