Foto: AP
AP.- La fiscalía peruana solicitó este lunes a un juez prohibir salir del país por tres años a la primera dama Lilia Paredes y a dos cuñados del presidente Pedro Castillo, señalados por integrar una red criminal de lavado presuntamente liderada por el mandatario.
La fiscal Marita Barreto, que dirige al equipo de investigadores del Ministerio Público que indaga el caso, confirmó la decisión a The Associated Press. La esposa de Castillo no ha sido acusada formalmente, por el momento está investigada de manera preliminar.
Visita: “Quieren detener a mi esposa y a toda mi familia, buscan quebrarme”, acusa el presidente de Perú sobre investigación en su contra
Es la primera vez en la historia local que un fiscal pide prohibir la salida de Perú de una primera dama. Hace poco el Congreso opositor, también negó una visita a Colombia del presidente Castillo durante la toma del poder del mandatario de ese país Gustavo Petro.
Una tercera cuñada del mandatario —Yenifer Paredes, de 26 años y criada como hija desde pequeña por la pareja presidencial— está detenida y a la espera de una determinación judicial el martes que decidirá un pedido de tres años de cárcel mientras es investigada por el presunto delito de lavado.
El Ministerio Público también solicitó prohibir salir del país por tres años para los dos cuñados del presidente y hermanos de la primera dama —David y Walther—, así como para el empresario amigo del presidente, Hugo Espino.
La fiscalía sospecha que la organización criminal ayudó a Espino —dueño de una supuesta empresa de fachada— a obtener obras públicas pese a no tener la capacidad económica para garantizar la ejecución de las obras ni la experiencia.
No te pierdas: La cuñada del presidente de Perú se entrega a la policía luego de haber sido acusada de lavado de dinero
A partir de testimonios, la fiscalía ha presentado una supuesta organización criminal para lavar dinero dirigida presuntamente por el mandatario, donde la primera dama sería la coordinadora, mientras que su hermana menor Yenifer Paredes sería una especie de gestora de intereses.
Más temprano el primer ministro Aníbal Torres dijo que el gobierno sufría de una “persecución política”. El domingo el presidente peruano aseguró que la justicia buscaba detener a su esposa.
Castillo niega todas las acusaciones. Gobierna desde hace un año y su mandato terminará en 2026.
Esta web usa cookies.