Fiscal argentino pide 12 años de cárcel e inhabilitación política para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner

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Foto: AP


AP- El fiscal federal del juicio a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, pidió el lunes una condena a 12 años de prisión y su inhabilitación para ejercer cargos públicos tras acusarla de haber adjudicado de forma irregular decenas de obras viales a un empresario allegado.

Al pedir la pena para la también exmandataria por los presuntos delitos de asociación ilícita y fraude al Estado durante su gobierno (2007-2015), el fiscal federal Diego Luciani dijo que “estamos ante la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”. La fiscalía calculó la defraudación en alrededor de mil millones de dólares.

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Fernández, de 69 años, es juzgada desde mayo de 2019 por el presunto delito de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos.

La exmandataria ha negado los cargos y sostiene que el tribunal que la juzga desde hace tres años ya tiene “escrita y hasta firmada” la sentencia en su contra.

La sentencia se conocerá en meses, aunque Fernández de Kirchner podría apelarla ante los tribunales superiores, lo que tardaría años en llegar a un veredicto final.

El fiscal Luciani apuntó contra la exgobernante y Néstor Kirchner, esposo fallecido de la dirigente peronista y presidente entre 2003 y 2007.

Fernández de Kirchner participó en una audiencia de forma virtual y es la principal imputada en el juicio que comenzó en 2019 y en el que están acusadas otras 12 personas, entre ellas varios exfuncionarios.

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El único juicio que ha afrontado hasta el momento Fernández de Kirchner se encuentra en la fase de los alegatos, en la que las partes piden las condenas o absoluciones de los acusados.

El fiscal apuntó contra los Kirchner por las irregularidades que se habrían producido durante la concesión de medio centenar de obras públicas a compañías del empresario Lázaro Báez en Santa Cruz, donde el exmandatario se desempeñó como gobernador antes de ejercer la presidencia. Los delitos imputados son asociación ilícita y defraudación a la administración pública.

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