Por Alina Navarrete Fernández/Corresponsal
El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, se deslindó de la “verdad histórica” sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y manifestó su disposición para colaborar con la investigación; “no me voy a esconder”, afirmó.
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A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Aguirre Rivero fijó su postura luego de la presentación del último Informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y la detención del extitular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam.
El exgobernador perredista aseguró que nunca se reunió con Murillo Karam “para participar en la construcción de la supuesta ‘verdad histórica’, son meros trascendidos dolosos y por tanto absolutamente falsos, tengo mi conciencia tranquila”.
Recordó que el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, “intentó involucrarme a toda costa como miembro de la delincuencia organizada, como consta en las declaraciones formuladas por el maestro Iñaky Blanco, exprocurador del estado y el doctor Jesús Martínez Garnelo, secretario de Gobierno durante mi administración”.
Citó la declaración textual de Iñaky Blanco, quien sostuvo: “todas las investigaciones y acciones que realizó la entonces Procuraduría de Justicia se mantienen firmes, toda vez que quienes fueron detenidos por esta instancia permanecen en la cárcel y no hay acusaciones de tortura o violaciones a procesos judiciales”.
Sin embargo, de acuerdo con Aguirre Rivero, el gobierno federal que entonces encabezaba el expresidente Enrique Peña Nieto, “cortó toda relación de colaboración con el gobierno de Guerrero”.
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Al respecto de las 83 órdenes de aprehensión giradas por la Fiscalía General de la República (FGR), detalló que son contra 20 mandos militares y personal de tropa, cinco autoridades administrativas y judiciales de Guerrero, 26 policías municipales de Huitzuco; seis policías municipales de Iguala; un policía de Cocula; 11 policías estatales y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
Destacó que el informe que presentó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, alude a 33 solicitudes de nuevas órdenes de aprehensión que clasifica en tres rubros: funcionarios federales, funcionarios municipales y miembros de la delincuencia organizada, pero “no hay mención para funcionarios estatales”.
Además, el informe establece que los obstáculos a la investigación provinieron de los jueces federales, las instituciones federales de ese momento, incluida la Secretaría de Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y las policías de Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco.
Reiteró: “Nunca sostuve reunión alguna para planear la ‘verdad histórica’, nunca celebré ninguna reunión con Murillo en Iguala y en ninguna otra parte (…) La ‘verdad histórica’ fue desechada porque fue fabricada. Hoy es necesario que se aclare con qué propósito se desviaron las investigaciones, y quién o quiénes son los autores intelectuales y materiales de la obstrucción de la justicia”.
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Aguirre señaló que de manera personal ha sido citado a declarar, al igual que varios de sus colaboradores “y reiteramos nuestra disposición de acudir las veces que sean necesarias para explicar las actuaciones que se realizaron durante y después de la agresión y desaparición de los estudiantes”.
Indicó que tras la presentación del informe que se llevó a cabo el jueves pasado, se comunicó con Alejandro Encinas “para manifestarle una vez más mi disposición de seguir colaborando en este lamentable caso, hasta su conclusión”.
Finalmente, informó que se encuentra en Acapulco y luego estará en Ometepec, “no me voy a esconder ni mucho menos (…) Yo por mi parte estoy tranquilo y con la disposición de enfrentar siempre con una gran dignidad y decoro cualquier señalamiento que se me haga”.
