EFE.- La violencia, el desplazamiento forzado, los conflictos medioambientales y los roces con el gobierno marcan este martes el Día Mundial de los Pueblos Indígenas en México, donde más de 23 millones de personas se asumen como tal, una de las cifras más altas de América.
De sur a norte, donde habitan 68 pueblos indígenas reconocidos con idioma propio, los pobladores originarios afrontan la proliferación de grupos armados, en particular en Chiapas, estado con la mayor población indígena del país, donde los desplazamientos internos se triplicaron desde 2021 por la violencia.
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Este es el caso de Juan Santis Méndez, un indígena tzotzil que huyó de su comunidad ante el enfrentamiento entre civiles llamados “Los Machetes” y el grupo armado del crimen organizado “Los Herrera”, el 8 de julio de 2021, en el municipio de Pantelhó.
Después de un año y 20 días del hecho, está refugiado en San Cristóbal de Las Casas con 200 indígenas más, quienes solicitan la protección del gobierno local, la reparación del daño, la restitución de tierras y una indemnización.
“Teníamos miedo, llegaron a mi comunidad y echaron bomba y bala, temíamos por la vida de los niños, por eso salimos huyendo para el monte, hoy para regresar nos piden una multa de 50 mil pesos (unos 2 mil 500 dólares) que no tenemos”, dijo a EFE el hombre.
Una historia similar es la de Carmela Gómez Pérez, indígena tzotzil y madre de cuatro hijos de Pantelhó, quien manifestó no estar bien pues se encuentra preocupada luego de perder su proyecto de vida y sus herramientas de trabajo, y sentir además que perdió su identidad porque la ropa que usa no es de su cultura.
“Entraron a mi casa, la quemaron, hasta la documentación de mis hijos, los ando (tengo) sin papeles y no puedo inscribirlos a la escuela”, contó a EFE la mujer al recordar el desplazamiento forzado que sufrió en julio de 2021.
La violencia en el sur se replica en el norte, como en el caso de Sonora, donde el embate del crimen organizado y la amenaza a sus recursos naturales, principalmente el agua, son los principales conflictos de los pueblos originarios, muchos de ellos binacionales porque comparten tierras con Estados Unidos.
Alejandro Aguilar Zeleny, profesor e investigador del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de Sonora, lamentó que en México prácticamente no existen pueblos indígenas que no hayan padecido la violencia de la delincuencia organizada.
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“Se encuentran extrañas alianzas entre grupos de narcotraficantes, entre la explotación de los bosques, la explotación minera y la violencia hacia los propias comunidades”, aseguró el especialista.
El profesor apuntó que en las comunidades indígenas muchos niños son huérfanos porque sus padres fueron enganchados o victimizados por el crimen organizado, además de que existen altos índices de embarazos en adolescentes y madres solteras por la violencia.
El profesor e investigador del INAH dijo que en Sonora, donde hay ocho pueblos originarios en tres grandes regiones, el gobierno de México ha iniciado reuniones para determinar el Plan de Justicia para los Pueblos Indígenas que podría replicarse en todo el país.
El Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI) está trabajando con los gobiernos tradicionales de las tribus yaqui, mayo, comca’ac y guarijios.
Pero Enrique Robles Barnett, presidente del Consejo de Ancianos de la Nación Comca’ac, lamentó que aún no ven materializados los avances del Plan de Justicia para el Pueblo Seri, donde sus principales exigencias son agua potable, salud, educación y vías de comunicación.
“Nosotros cada vez que participamos en las mesas de trabajo con el gobierno ponemos todas las necesidades de los pueblos, (las) pusimos enfrente de la gente del Gobierno para que ellos nos apoyen, pero creo que se están tardando mucho porque ya llevamos como 42 mesas de trabajo y todavía no hemos visto nada”, cuestionó.
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Los pueblos indígenas afrontan estos problemas pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reivindicado la “resistencia indígena”, como le llama él al periodo que inició en 1521 con la conquista de España.
El Gobierno ha destinado 339 mil 550 millones de pesos en programas sociales para los más de 2.5 millones de hogares indígenas y afromexicanos del país, casi 70% más que en el sexenio anterior, aseveró este martes Adelfo Regino, titular del INPI.
