EFE.- El gobierno del presidente Joe Biden reunió a más de 400 familias migrantes separadas en la frontera durante el gobierno del expresidente Donald Trump (2017-2021), según la directora del equipo de reunificación Michelle Brané.
Entre 2017 y 2018, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) separó a más de cinco mil 500 niños de sus familias en la frontera de Estados Unidos con México. Grupos que abogan por esos migrantes indican que más de mil niños permanecen separados de sus familias.
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Por su parte Lee Gelernt, abogado de la Unión de Libertades Civiles (ACLU) que representa a las familias de una demanda colectiva, dijo que todavía no se ha localizado a casi 200 familias de los menores separados.
En la mayoría de los casos recientes de reunión los padres y madres habían sido deportados en tanto sus hijos permanecían en Estados Unidos, dijo Brané según la cadena NBC de televisión.
El gobierno de Biden autorizó el ingreso de esos padres y madres a Estados Unidos, con pasaje pagado para ellos y otros familiares dependientes, y con permiso de trabajo por tres años
Centenares de dirigentes y grupos religiosos instaron este lunes al Congreso a que actúe para resarcir los daños causados a las familias migrantes separadas.
Quienes abogan por estas familias han pedido que se les otorgue la residencia legal permanente en Estados Unidos, pero el gobierno de Biden no acepta la idea.
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Brané dijo que el proceso de reunificación incluye la asistencia para la salud mental de las familias e indicó que muchas de ellas han sufrido traumas profundos después de la separación.
“Uno no quiere simplemente meter a los chicos en un ambiente con un padre o una madre a quienes quizá no han visto en cinco años”, explicó la funcionaria.
“La política de separación de familias violó la santidad de la familia y no se atuvo a los valores de nuestra nación”, indicó una carta enviada ayer por centenares de dirigentes y grupos religiosos a los líderes del Congreso.
“Sin que importe de dónde alguien venga o haya llegado a Estados Unidos, sus vidas son valiosas y deberían tratarse con respeto y dignidad”, afirmaron los dirigentes religiosos que pidieron del Congreso recursos en el presupuesto de 2023 para la provisión de servicios a las familias que fueron separadas.
