El rancho "Las Mesas", que perteneció a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, se encuentra en disputa legal entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dependencia a la que fue donada la propiedad, y Moisés Mansur Cysneiros, prestanombres del exmandatario.
El pasado 23 de junio, Eutimio Ordoñez, juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, negó un amparo a Mansur Cysneros, quien buscaba recuperar el rancho, ubicado en Valle de Bravo, Estado de México.
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El prestanombres de Javier Duarte buscaba desechar la resolución judicial, dictada en la causa penal 97/2016, en la que un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México determinó incautar el rancho "Las Mesas", que tiene una superficie total de 922 mil 319 metros cuadrados.
Según el amparo directo 1301/2021, el juez de Distrito consideró que la resolución del juez control no es apelable, ni revocable, por lo que determinó sobreseer el juicio de amparo.
Ante ello, Mansur Cysneiros interpuso un recurso contra la sentencia dictada por el juez de Distrito el pasado 12 de julio, el cual se encuentra pendiente de revisión por un Tribunal Colegiado, dependencia judicial que decidirá el rumbo del rancho del exgobernador.
Sedena busca invertir en el rancho que era de Duarte
El año pasado, la Sedena presentó el análisis costo-beneficio para el "Aprovechamiento del rancho ‘Las Mesas’", que proyectaba una inversión inicial de 98 millones 982 mil 550 pesos.
Según el documento, la dependencia busca que en el rancho se produzca ganado equino "de manera eficiente que será ministrado a los Regimientos de Caballería y Centros Ecuestres".
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En 2020, el gobierno de Veracruz donó a la Sedena el rancho decomisado a Javier Duarte, que contaba con 5 edificios, 20 caballerizas y tres corrales.
Desde 2018, Duarte enfrenta una condena de 9 años de prisión en el Reclusorio Norte, ubicado en la Ciudad de México, por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.
El exgobernador también está acusado del delito de desaparición forzada de personas.