La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este jueves la solicitud del gobierno que dirige Joe Biden para imponer con carácter inmediato una política de criterios de deportación de migrantes distinta a la dictada por su antecesor Donald Trump (2017-2021).
La orden del jueves congela la medida a nivel nacional por el momento. La decisión se alcanzó por cinco votos a favor y cuatro en contra, y en estos últimos la jueza conservadora Amy Coney Barrett se sumó a los liberales Sonia Sotomayor, Elena Kagan and Ketanji Brown Jackson al decir que habrían permitido al gobierno de Biden implementar la política.
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El Supremo desestimó la petición de la Administración Biden y, en su lugar, celebrará una audiencia oral sobre la cuestión en diciembre.
El Gobierno presentó una solicitud de amparo ante la Corte Suprema después de que a principios de junio un juez federal en Texas anulara las normas establecidas por el Ejecutivo demócrata para detener y deportar extranjeros, que dan prioridad a aquellos que suponen un peligro a la seguridad de Estados Unidos.
En esa ocasión, el magistrado Drew Tipton falló a favor de una demanda presentada por los estados de Texas y Luisiana, que buscaban precisamente dejar en pie las prioridades marcadas por Trump y que pusieron en la mira de la deportación a todos los indocumentados.
Los jueces emitieron su decisión luego de una solicitud de emergencia del gobierno ante la corte tras fallos contradictorios de un tribunal federal de apelaciones en torno a una directiva emitida en septiembre por el Departamento de Seguridad Nacional, con la cual se pusieron en pausa las deportaciones a menos que se tratara de individuos que hubiesen cometido actos de terrorismo, espionaje o “amenazas flagrantes a la seguridad pública”.
El 20 de mayo, el juez de Louisiana, Robert Summerhays, nominado por Trump, anuló el intento de Biden de acabar con el Título 42, una política de expulsión de migrantes en situación irregular amparada en la pandemia de Covid-19.
Esa polémica medida, vigente desde marzo de 2020, permite deportar automáticamente a la mayoría de los migrantes que cruzan la frontera sur, sin darles la oportunidad de solicitar asilo, al considerarlos un riesgo sanitario.
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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) pretendían levantar esta norma el pasado lunes por el retroceso de la pandemia, pero el juez dio la razón a varios estados gobernados por republicanos que auguraron una ola migratoria.
El gobierno apelará la sentencia, pero el Título 42 permanecerá intacto mientras no se resuelva la batalla legal, que podría alargarse hasta bien entrado el 2023.
Con información de AP y EFE
