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AP.- Un grupo bipartidista de senadores acordó el miércoles los cambios propuestos a la Ley de Conteo Electoral , de la era posterior a la Guerra Civil para certificar las elecciones presidenciales que fue objeto de un intenso escrutinio después del ataque del 6 de enero al Capitolio y la sede de Donald Trump.
El paquete presentado por el grupo encabezado por los senadores Susan Collins de Maine y Joe Manchin de Virginia, que lleva mucho tiempo en proceso, tiene dos propuestas separadas. Uno aclararía la forma en que los estados presentan a los electores y el vicepresidente cuenta los votos en el Congreso y el otro reforzaría la seguridad de los funcionarios electorales estatales y locales que han enfrentado violencia y acoso.
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“Desde el principio, nuestro grupo bipartidista ha compartido una visión de redactar esta legislación para corregir los defectos de la arcaica y ambigua Ley de Conteo Electoral de 1887”, dijeron Collins, Manchin y los otros 14 senadores en un comunicado conjunto.
“Hemos desarrollado una legislación que establece pautas claras para nuestro sistema de certificación y conteo de votos electorales”, escribió el grupo. “Instamos a nuestros colegas de ambos partidos a que apoyen estas reformas simples y de sentido común”.
Tanto el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, como el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, han manifestado su apoyo al grupo bipartidista, pero el paquete legislativo final se someterá a un escrutinio cuidadoso.
En un comunicado, Matthew Weil, director ejecutivo del Programa de Democracia en el Bipartisan Policy Center, calificó el marco como un “paso crítico” para reforzar las ambigüedades en la Ley de Conteo Electoral.
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Después de que Trump perdiera las elecciones de 2020, el presidente derrotado orquestó un intento sin precedentes de desafiar a los electores enviados desde los estados clave a la sesión conjunta del Congreso el 6 de enero, cuando el vicepresidente preside la certificación.
Según los cambios propuestos, la ley se actualizaría para garantizar que el gobernador de cada estado sea inicialmente responsable de presentar a los electores, como una forma de protegerse contra los estados que envían listas de electores alternativas o falsas.
Además, la ley especificaría que el vicepresidente preside la sesión conjunta en una capacidad “exclusivamente ministerial”, según una página de resumen. Dice que el vicepresidente “no tiene ningún poder únicamente para determinar, aceptar, rechazar o adjudicar disputas sobre los electores”.
Esa disposición es una reacción directa a los incansables esfuerzos de Trump para presionar al entonces vicepresidente Mike Pence para que rechazara el envío de electores de ciertos estados en disputa como una forma de detener la certificación o alejarla de la victoria de Joe Biden.
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La segunda propuesta, que gira en torno a la seguridad electoral, duplicaría las sanciones federales hasta dos años de prisión para las personas que “amenacen o intimiden a los funcionarios electorales, observadores electorales, votantes o candidatos”, según el resumen.
También buscaría mejorar la forma en que el Servicio Postal de Estados Unidos maneja el correo electoral y “brindar orientación a los estados para mejorar sus procesos de votación por correo”.
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