Por Julio Astorga
Ninguno de los tres magistrados que liberaron en 2013 al “narco de narcos”, Rafael Caro Quintero, forma parte hoy en día del Poder Judicial de la Federación. Pero no fue una sanción lo que les causó baja, al contrario, dos de ellos siguieron trabajando hasta que se jubilaron y el tercero se retiró seis años después por invalidez.
En agosto de 2013, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en materia penal del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, avalaron la salida del narcotraficante Rafael Caro Quintero del penal de máxima seguridad de Puente Grande al resolver un amparo a su favor.
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El argumento parar liberar al narcotraficante, que llevaba preso 28 años, fue un tecnicismo sumamente criticado: dijeron que el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, por el que lo acusaban, tuvo que ser investigado y sancionado por autoridades del fuero local y no del fuero federal, pues Camarena no era personal diplomático.
Dicho tribunal estaba conformado en ese entonces por los magistrados Lucio Lira Martínez, José Félix Dávalos y Rosalía Isabel Moreno.
En respuesta a una solicitud de información de marzo de 2021, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que los tres integrantes del tribunal colegiado causaron baja del cargo de magistrados de circuito. El CJF clasificó como confidenciales las investigaciones o denuncias iniciadas contra los entonces magistrados.
A pesar de que no aclaró sí había o no investigación por esa causa, sí dio a conocer que Moreno Ruiz se jubiló en 2018, cinco años después de la controvertida sentencia; Dávalos Dávalos causó baja por invalidez en 2019; mientras que Lira Martínez se retiró en 2014, es decir, un año después de su participación en la decisión que abrió la puerta de la cárcel a Caro Quintero.
En noviembre de 2013, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió revertir la resolución del tribunal colegiado. El entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, solicitó a la SCJN que atrajera el amparo del 7 de agosto de ese año.
Los ministros de la primera sala del máximo tribunal consideraron que, de acuerdo con diferentes instrumentos internacionales, Camarena era “una persona internacionalmente protegida” por lo que sí era competencia de jueces federales el conocer de su caso.
En 2020, se hizo público un reporte de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), oficina del Departamento del Tesoro de EU, en el que concluyen que en el caso de la liberación de Caro Quintero “muy probablemente hubo corrupción”.
Las autoridades estadounidenses hicieron una investigación a los movimientos bancarios de dudosa procedencia de diferentes funcionarios mexicanos, incluidos los magistrados que otorgaron el amparo, especialmente la magistrada que redactó el proyecto de amparo en favor de Caro Quintero, Rosalía Moreno.
Rosalía Moreno Ruiz también instruyó la liberación en 2017 de Ernesto “don Neto” Fonseca Carrillo, líder del Cártel de Guadalajara, coacusado junto con Caro Quintero del homicidio de Camarena.
A pesar de la deficiente argumentación jurídica de los integrantes del tribunal colegiado y su dudoso actuar, el Consejo de la Judicatura Federal no sancionó a los magistrados. Asimismo, el CJF se negó a confirmar si existió alguna investigación en contra de ellos, pues de conocerse el procedimiento administrativo se “afectaría el derecho al honor e imagen” de los juzgadores, respondió.
