Por Julio Astorga
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) clausuró este jueves su primer periodo de sesiones del 2022 y deja pendientes asuntos como el desafuero del gobernador de Tamaulipas. Los ministros se tomarán un receso para continuar con sus labores hasta el primer día hábil de agosto.
Puedes leer: Confirma la SCJN que el Centro Nacional de Inteligencia debe entregar la información de desafuero de AMLO
La Suprema Corte ha recibido críticas por aplazar distintos asuntos mediáticos como el desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca y los amparos en contra del decreto que militariza la seguridad del país, los cuales se quedarán pendientes para su discusión en el segundo semestre del año.
Respecto a esos constantes cuestionamientos, el ministro presidente Arturo Zaldívar dijo que las descalificaciones no abonan a la democracia e indicó que es falso que no se resuelvan los asuntos que son importantes para el gobierno pues la Corte ha trabajado con intensidad y transparencia.
Zaldívar recordó que en este periodo de sesiones que se clausuró este jueves se resolvieron leyes como la de revocación de mandato, de la industria eléctrica, de austeridad republicana, así como el padrón de datos biométricos de usuarios de telefonía móvil (PANAUT) y la omisión de vacunar a niños y adolescentes contra la Covid-19.
“Niego categóricamente que esta Suprema Corte este relegando o atrasando la resolución de asuntos”, expresó.
En la sesión de clausura, el ministro presidente expresó que las decisiones que se han discutido y aprobado en la Suprema Corte dan cuenta de su autonomía e independencia. Además, recalcó que se respeta la pluralidad y visiones distintas de los ministros.
El lunes 1º de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciará el segundo periodo de sesiones de este año, que será el último de Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal.
Su mandato termina el 31 de diciembre de 2022, luego de rechazar públicamente el 6 de agosto del año pasado la ampliación hasta 2024 que le otorgó la mayoría de Morena en el Congreso en los transitorios en la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
