Por Julio Astorga
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, contestó a las críticas que se le realizan por su actuación al frente del alto tribunal del país, que incluye actividades como acercarse a la sociedad a través de sus redes sociales y acudir en persona a atender peticiones de las mujeres privadas de su libertad en el penal de Santa Martha Acatitla.
Zaldívar aseguró que las críticas provienen de quienes les molesta la transformación y el cambio y que es populista, si se le quiere calificar así, por defender los derechos humanos de todas las personas, de las mujeres, de los más pobres, de la diversidad sexual y por tomar medidas para combatir el feminicidio.
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Afirmó que siempre se le ha acusado de ser protagónico por hacer su trabajo en casos como el de la guardería ABC y el de Florence Cassez. “Cuando uno cumple con su trabajo, a quienes no les interesan los derechos, sino defender privilegios, aunque se disfracen de académicos, les molesta que se hagan las cosas”, expresó.
También respondió a las críticas que generó la presentación a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de un modelo de ley para castigar los feminicidios, al no ser facultad de la SCJN el presentar iniciativas de ley. Al respecto, Zaldívar precisó que no se trata de una iniciativa, sino de un proyecto que sometió a consideración de los legisladores.
Les molesta que haya un documental y una propuesta de ley para defender a las mujeres pero no les molesta que maten a miles de mujeres, dijo.
En esta conferencia presentó, además, un proyecto para reducir el impacto ecológico que genera el Poder Judicial de la Federación (PJF) que incluye medidas como reducción del gasto energético, digitalización de procesos para minimizar el gasto de papel, movilidad compartida entre los trabajadores de los juzgados federales del área metropolitana de la Ciudad de México, así como implementar el trabajo a distancia.
Sobre la movilidad compartida, Zaldívar precisó que el PJF no comprará unidades de transporte, sino que será un servicio rentado y su presupuesto saldrá de ahorros realizados por el poder judicial. El Consejo de la Judicatura Federal determinará las rutas con las que se busca beneficiar a cerca de seis mil servidores públicos del poder judicial que viven en la Ciudad de México y los municipios colindantes del Estado de México.
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Respecto al convenio de colaboración celebrado con el gobierno de Oaxaca, el ministro presidente anunció que a partir de mañana saldrá la primera brigada de defensores públicos para hacer un mapeo de la situación de las personas de comunidades indígenas que se encuentran privadas de su libertad en ese estado y serán beneficiadas con asesoría legal gracias al convenio.
