Foto: Cuartoscuro
Por Julio Astorga
Once de los 32 gobernadores y gobernadoras han apostado por entregar la seguridad pública de sus entidades a mandos de formación militar, una tendencia al alza en los últimos años.
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Una revisión hecha por Latinus sobre el perfil de los secretarios estatales de seguridad pública en funciones, muestra que 11 fueron o son elementos activos de las Fuerzas Armadas. Esta cifra es mayor a los seis secretarios provenientes de la milicia que había en los primeros meses de 2018 y a los nueve en la primera mitad de 2016.
Se trata de los titulares de seguridad de Baja California, Baja California Sur, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
Morena gobierna en ocho de esos estados, mientras que los partidos Acción Nacional, Verde y Encuentro Social tienen una entidad.
De los 11 estados en los que hay un secretario de seguridad de origen castrense, nueve tuvieron elecciones de gobernador el año pasado. La continuidad por un militar encabezando la seguridad pública es clara, pues en esos nueve estados los gobernadores optaron por dejar la seguridad pública en manos de un militar.
Un caso particular es el de Sinaloa. Ahí continúa como secretario de seguridad pública el teniente coronel Cristóbal Castañeda, designado por el anterior gobernador Quirino Ordaz a recomendación del entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.
El 19 de octubre del año pasado, el presidente López Obrador aseguró que había recomendado al actual gobernador sinaloense, Rubén Rocha, mantener en el cargo a Castañeda Camarillo. En Sinaloa los delitos han aumentado: durante los primeros cinco meses de 2021 se registraron 11 mil 669 delitos mientras que en el mismo periodo de 2022 fueron 12 mil 166, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Guerrero también ha tenido continuidad de militares al frente de su secretaría de seguridad. El capitán Evelio Méndez Gómez es el actual secretario de seguridad pública que sustituyó en el cargo al general brigadier Pedro Almazán, secretario de 2016 a 2018.
La incidencia delictiva no ha cesado en el estado gobernado por Evelyn Salgado, pues en el periodo de enero a mayo de 2021 se registraron 10 mil 290 hechos delictivos, mientras que en los mismos meses de 2022 fueron 11 mil 157.
En la lista de entidades donde un funcionario de origen militar dirige la seguridad pública destacan Zacatecas y Michoacán, dos de los estados más violentos del país.
En Michoacán, el general José Alfredo Ortega fue nombrado secretario de seguridad por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en octubre pasado. En ese estado, los homicidios dolosos siguen al alza desde 2019, cuando se registraron 554 en el periodo de enero a mayo. En este año, lleva un registro de 974 asesinatos, de acuerdo con el SESNSP.
El que el titular de la seguridad michoacana sea un militar no ha detenido al crimen organizado. Para muestra, la masacre ocurrida en San José de Gracia que es atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación, en la que 11 personas fueron fusiladas el 27 de febrero en un velorio.
En el caso de Zacatecas, el general retirado Adolfo Marín tampoco ha detenido el aumento de la violencia ligada al crimen organizado. Marín fue puesto a cargo de la seguridad de ese estado por el gobernador David Monreal en noviembre del año pasado. En lo que va del año, se han registrado 10 mil 333 delitos en ese estado, más que los 9 mil 475 de inicios de 2019, según el SESNSP. Es decir, se han superado los niveles registrados antes de la pandemia.
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Con el comienzo de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la presencia de las fuerzas armadas en actividades civiles tuvo un aumento exponencial en diferentes rubros de la administración pública, tal es el caso de las aduanas, distribución de medicamentos, ingeniería, construcción, incluso la atención de la pandemia por Covid-19.
La presencia militar en la seguridad pública ha sido una constante desde sexenios pasados, pero la promesa de desmilitarizar al país hecha por López Obrador cuando era candidato a la Presidencia quedó en el olvido. Incluso, los gobiernos estatales emanados de Morena están impulsando una visión militar de la seguridad pública local.
Los gobernadores han replicado la estrategia y el modelo de seguridad del gobierno federal que incorporó a la Guardia Nacional, de mayoría militar, en las tareas de seguridad. Y no es lo único que han copiado, han reproducido el discurso presidencial sobre el tema. Por ejemplo, la frase “abrazos, no balazos” la han tomado como propia los gobernadores de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y de Guerrero, Evelyn Salgado.
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