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Gobierno de la CDMX niega violación de derechos en operativo que destruyó viviendas; afectados señalan que no respetó el debido proceso

Operativo arrasa con viviendas en la CDMX: sin previo aviso y con violencia, autoridades acabaron con patrimonio de 20 familias
Foto: Latinus

La Secretaria de Medio Ambiente (Sedema) del Gobierno de la Ciudad de México aseguró que el operativo efectuado el pasado martes 21, en el cual destruyó 20 viviendas ubicadas en el paraje Texocopazoli del Barrio Ixotitla del pueblo de San Gregorio Atlapulco, en la Alcaldía Xochimilco, se hizo con apego a los protocolos de actuación y respeto a los derechos humanos.

“Las diligencias efectuadas el pasado 21 de junio se hicieron con estricto apego al protocolo de actuación y respeto a los derechos humanos, en cumplimiento a la ley, con la finalidad de proteger el Suelo de Conservación y preservar los servicios ambientales que ofrece”, detalló la Sedema en una tarjeta informativa enviada a Latinus.

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Sin embargo, esta afirmación contrasta con los testimonios de las 20 familias afectadas por el operativo, quienes aseguran que nunca recibieron notificación de la destrucción de sus viviendas y los policías de la Ciudad de México robaron parte de sus pertenencias, como se documentó en la nota “Operativo arrasa con viviendas en la CDMX: sin previo aviso y con violencia, autoridades acabaron con patrimonio de 20 familias” publicada el viernes en Latinus.

Los habitantes del paraje Texocopazoli narran que al mismo tiempo en que sus casas eran destruidas, las autoridades de la Alcaldía Xochimilco les entregaron un documento que ordena la “recuperación administrativa de bienes del dominio público”, y el retiro de obstáculos por motivos de suelo de conservación.

Dicho documento ordena la recuperación del espacio y “retiro de todo obstáculo invasivo”. En ningún momento ordena una demolición de viviendas. Además, el documento nunca menciona el paraje Texocopazoli, donde se llevó a cabo el operativo y se refiere a otros espacios de la alcaldía.

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De acuerdo con los testimonios de los afectados, el operativo violó varios de sus derechos humanos: el derecho a una vivienda digna, el derecho a una audiencia previa al operativo y el derecho a un debido proceso que permitiera argumentar a su favor, porque, aseguran, son legítimos propietarios del paraje, no invasores ni paracaidistas.

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