Médicos de EU buscan licencias en otros estados que les permitan seguir practicando abortos

Foto: EFE

Reuters.- Jennifer Kerns, una médica de California, pronto prestará servicios a casi 3 mil kilómetros distancia en una clínica de aborto en Kansas, donde se espera que busquen atención las mujeres de estados cercanos en el Medio Oeste con prohibiciones sobre el procedimiento.

Los proveedores y las clínicas de aborto dicen que Jennifer Kerns se encuentra entre las decenas de médicos que recientemente solicitaron nuevas licencias médicas en estados donde el aborto podría seguir siendo legal, anticipándose a la histórica decisión del viernes de la Corte Suprema de poner fin al reconocimiento del derecho constitucional de una mujer a interrumpir un embarazo.

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“Sentimos que esto era parte de nuestra responsabilidad: brindar servicios en un lugar donde realmente se necesitan”, dijo Jennifer Kerns, un cirujano que enseña y practica en la facultad de medicina de la Universidad de California en San Francisco. Planea volar a Wichita, Kansas, cuando su agenda se lo permita.

Agregar médicos fuera del estado es sólo una de las medidas que están tomando las clínicas de aborto que enfrentan un panorama incierto en el que el acceso al aborto se decidirá estado por estado, amenazando con cerrar algunas clínicas y forzando a las que quedan con más pacientes.

Otros están desarrollando estrategias legales para eludir las restricciones y ayudando a las personas a identificar cómo obtener abortos en diferentes estados. Y en clínicas en estados como California, a donde es probable que las mujeres viajen para el procedimiento, se están realizando preparativos para agregar servicios y personal.

Más de la mitad de los estados del país pronto podrían tener leyes que prohíban o restrinjan severamente el aborto tras el fallo del viernes.

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Trece estados ya cuentan con las llamadas leyes desencadenantes, o prohibiciones del aborto, que entran en vigor rápidamente después de que se eliminan las protecciones federales, según el Instituto Guttmacher, un grupo de investigación que apoya el derecho al aborto.

En otros estados con leyes de activación, las clínicas ya están en proceso de detener los abortos. Incluso antes de la decisión de Roe vs. Wade, una prohibición estatal en Oklahoma obligó a las clínicas a dejar de tomar citas para el procedimiento.

Las clínicas administradas por Planned Parenthood en Utah, otro estado con ley de activación, dijeron que permanecerán abiertas el mayor tiempo posible, con la esperanza de utilizar el sistema legal para retrasar o revocar las prohibiciones aprobadas por los legisladores.

Estrategia jurídica

Los abogados que representan a los proveedores de servicios de aborto se están uniendo en torno a un plan para argumentar que los derechos de privacidad e igualdad de protección en las constituciones de muchos estados protegen el aborto sin decirlo explícitamente.

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“No tenemos intención de decir de inmediato que este es el final del camino”, dijo Julie Burkhart, presidenta de Wellspring Health Access, quien planea abrir una clínica en el conservador Wyoming, argumentando que el énfasis de la constitución estatal en la libertad protege el derecho al aborto.

La estrategia, dijo Cary Franklin, directora de la facultad del Centro de Salud, Leyes y Políticas Reproductivas de la Universidad de California en Los Angeles, es establecer, siempre que sea posible, que el aborto es un derecho estatal, incluso si la Corte Suprema ha dictaminado que no es un derecho federal protegido.

La estrategia legal ya se está probando en Pennsylvania, donde Women’s Law Project argumenta ante los tribunales que la constitución del estado protege el derecho al aborto, incluso cuando los legisladores conservadores respaldan una enmienda para prohibirlo, dijo Amal Bass, directora de políticas y defensa.

En Kansas, donde la corte suprema del estado ya dictaminó que existe el derecho al aborto en su constitución, los defensores calculan que incluso si los votantes aprueban una nueva enmienda que prohíbe el aborto en agosto, tienen alrededor de un año para evitar las restricciones a través de apelaciones legales.

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