EFE.- El canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, aseguró este lunes que su país no puso en riesgo a la tripulación del avión de carga venezolano-iraní al que no permitió aterrizar el pasado 8 de junio, hecho que lo llevó a descender en Argentina.
“Es claro que no se puso en riesgo a la tripulación, eso fue lo primero que se tuvo en cuenta de parte del ministro de Defensa (Javier García)”, remarcó el titular de la cartera de Relaciones Exteriores durante una rueda de prensa.
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Asimismo, puntualizó que el Gobierno de Uruguay actuó dentro del marco de la legalidad y agregó que la opinión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no le hace “mella” a su país.
“Nosotros somos soberanos y tomamos nuestras propias decisiones”, concluyó el titular de Exteriores.
Precisamente, este lunes el ministro de Defensa Nacional, Javier García, compareció ante el Senado para dar explicaciones sobre el mencionado procedimiento.
El Gobierno de Venezuela culpó a la autoridad aeronáutica de Uruguay por impedir el sobrevuelo del avión de carga venezolano-iraní que, ante la prohibición, tuvo que aterrizar en Argentina, donde luego fue retenido por las autoridades de ese país.
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Venezuela “rechaza categóricamente el irresponsable manejo que ofreció la autoridad aeronáutica del Uruguay, al revocar el permiso de sobrevuelo otorgado a la empresa venezolana Emtrasur, mientras que la aeronave se encontraba en el aire (…) para hacer su escala técnica de abastecimiento”, dijo días atrás un comunicado de la Cancillería.
La tripulación, prosigue el escrito, “se vio obligada a retornar inmediatamente hacia el aeropuerto de Ezeiza, en Argentina, no contando con el combustible reglamentario, poniendo en grave riesgo la vida de la tripulación”.
El Gobierno de Nicolás Maduro aseguró que, una vez aterrizada en Argentina, la aeronave contaba con 17 mil litros de combustible, “muy por debajo de lo recomendado por el Procedimiento Operacional estandarizado de Emtrasur, el cual está establecido en 20 mil litros”.
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El avión en cuestión, un Boeing 747 Dreamliner de carga, fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), empresas que están sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
De hecho, la Justicia argentina lleva adelante una investigación para dilucidar los posibles vínculos de la tripulación con el terrorismo internacional.
