Por Tania Rosas
En 2022 han ocurrido al menos 11 linchamientos en México y 115 intentos de linchamiento, de acuerdo con un recuento elaborado por la asociación Causa en Común.
Puebla y Tlaxcala tienen dos casos documentados en este año y son las entidades que encabezan este registro, indica María Elena Morera, presidenta de Causa en Común.
A través de fuentes periodísticas, Causa en Común le ha dado seguimiento a este tipo de eventos. El seguimiento ha permitido contabilizar 92 linchamientos y 544 intentos de linchamiento de 2020 a la fecha, detalla Morera en entrevista con Latinus.
“En 2021 dimos cuenta de al menos 42 linchamientos y de 279 intentos de linchamiento, lo cual demostró ser un incremento del 46% respecto a los datos de 2020; ese año, Oaxaca fue la entidad federativa con más casos. En 2020, Puebla fue el estado con más casos”, explica.
El caso más reciente es el de Daniel Picazo Hernández, asesor en la Cámara de Diputados, quien murió el pasado viernes tras ser linchado y calcinado por un grupo de pobladores del municipio de Huauchinango, Puebla, sin que los policías municipales pudieran evitarlo. El asesor legislativo fue confundido con un secuestrador de menores.
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Para Morera, este tipo de actos constituyen una de las expresiones más graves de la violencia porque representa el nivel de hartazgo, inseguridad e impunidad que persiste en México; sin embargo, añadió, no se pueden justificar los actos de venganza por propia mano.
“Los linchamientos se han dado por diferentes motivos. Si la gente está harta de que entren a robar a su comunidad y que hayan ido muchas veces al Ministerio Público y nadie le haya hecho caso, pues terminan por hacer justicia por su propia mano. En muchos casos hay confusiones como lo que sucedió en Puebla. Lo que es gravísimo es que la gente se atreva a hacer eso y se atreve porque no pasa nada y sobretodo en esos linchamientos en masa, nadie termina siendo procesado”, añade Morera.
La presidenta de Causa en Común indica que los policías no están capacitados para intervenir en casos de linchamiento, por lo que se deben establecer protocolos de actuación y que las autoridades brinden las garantías y confianza de que ningún delito quedará impune.
