Reuters.- Tras año y medio de la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Joe Biden y su interés manifiesto por abordar las causas fundamentales de la migración desde Centroamérica en ese momento, existen grandes preocupaciones sobre la gobernabilidad y corrupción en la región que han llevado a la cancelación de proyectos millonarios, de acuerdo con funcionarios estadounidenses y otras fuentes relacionadas con el tema.
Los contratiempos se producen justo cuando el gobierno de Biden albergará la Cumbre de las Américas, donde Estados Unidos espera encontrar puntos en común con otras naciones y emitir una declaración conjunta sobre los efectos de la migración.
Al mismo tiempo, la corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras también ha limitado la inversión potencial de empresas estadounidenses, otra vertiente en la estrategia de Biden, según un grupo que coordina el esfuerzo.
Un ejemplo es que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) suspendió abruptamente una cantidad de recursos no revelados para el Ministerio de Justicia de Guatemala en julio de 2021, tras el despido de un fiscal especial que se ocupaba de atacar la corrupción.
USAID también redirigió el financiamiento de proyectos vinculados al Ministerio de Justicia en El Salvador semanas después de que el Congreso, dominado por legisladores afines al presidente Nayib Bukele, votara para destituir a los principales jueces y al fiscal general, en mayo de 2021.
USAID se negó a dar detalles de los proyectos o decir cuántos fondos se suspendieron en ambos casos, pero probablemente ascendieron a millones de dólares que serían utilizados para fortalecer los sistemas legales, dijeron expertos a Reuters.
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A medida que los esfuerzos fracasaron el año pasado, un número récord de migrantes intentó cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México, alimentando críticas de los republicanos que buscan obtener el control del Congreso en las elecciones intermedias del 8 de noviembre.
Migrantes del “triángulo norte de Centroamérica” -que incluye a El Salvador, Guatemala y Honduras- fueron detenidos cruzando la frontera más de 300 mil veces desde octubre de 2021 hasta abril de este año, según datos del gobierno estadounidense, lo que representó una cuarta parte de todas las detenciones en la frontera sur de Estados Unidos.
Biden, que asumió el cargo en enero de 2021, prometió revertir el enfoque de su predecesor, el expresidente Donald Trump, quien suspendió la ayuda a la región en un esfuerzo por obligar a los países a tomar medidas enérgicas contra los migrantes que se dirigían al norte de forma ilegal.
Destacando la importancia de la estrategia, puso a cargo a su vicepresidenta Kamala Harris, quien reunió a destacadas empresas estadounidenses para invertir en la región y viajó a Guatemala en junio de 2021 para anunciar el comienzo de una “nueva era”.
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Pero las relaciones entre Estados Unidos y Guatemala se enfriaron un mes después cuando la procuradora general del país centroamericano, María Consuelo Porras, despidió al principal fiscal anticorrupción del país.
Las relaciones se volvieron más tensas el mes pasado, cuando el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, volvió a nombrar a Porras en su cargo, lo que llevó a Estados Unidos a sancionarla por corrupción.
“Desincentivo para la inversión”
Las tensiones podrían extenderse en la cumbre, que se realiza cada tres o cuatro años, donde funcionarios de Biden esperan reafirmar la influencia de Estados Unidos en la región. Hasta ahora no está claro si Giammattei acudirá.
Philip Gordon, asesor de Seguridad Nacional de Harris, dijo en una entrevista que la administración ha sido “honesta desde el principio” sobre los desafíos de la corrupción y que “es necesario abordarlos”.
Cuando se le preguntó acerca de las críticas de Estados Unidos sobre corrupción en el sistema de justicia, el canciller de Guatemala, Mario Búcaro, dijo que el gobierno estaba dando seguimiento a los planeamientos, pero afirmó que no permitiría que la interferencia afectara la soberanía del país.
Los problemas de gobernabilidad también han disminuido el potencial de la iniciativa del sector privado liderada por Harris para invertir en los tres países.
En abril, Juan Orlando Hernández, antecesor de Castro, fue arrestado y extraditado a Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas y posesión de armas de fuego.
El año pasado, la administración de Biden solicitó 861 millones de dólares para atajar las causas fundamentales de la migración desde Centroamérica, un incremento de más del 50% con respecto al año anterior y está pidiendo aún más este año.
