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AP.- Esmeralda Domínguez estaba a escasos 100 metros de su casa cuando soldados y policías le bloquearon el paso en un pequeño puente. Las autoridades habían esperado allí durante horas. Domínguez —dijeron los vecinos— fue la única persona a la que detuvieron.
Su tía, que vivía cerca, protestó. Domínguez no era una criminal, les dijo, enumerando las organizaciones comunitarias que su sobrina dirigía o en las que participaba. No importó.
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“Nosotros sabemos lo que andamos haciendo”, le dijo un soldado a la tía antes de subir a la joven a un camión. Se alejó, dejando su motocicleta negra al lado de la carretera. Eso fue el 19 de abril. Y nadie en su familia la ha visto desde entonces.
Desde que el Congreso otorgó al presidente Nayib Bukele el poder de suspender algunas libertades civiles para perseguir a las pandillas en El Salvador, las fuerzas de seguridad han arrestado en las últimas 10 semanas a más de 36 mil personas. Y apenas la semana pasada, los legisladores extendieron esos poderes por otros 30 días, luego de que las encuestas de opinión pública mostraron un amplio apoyo popular.
Sin embargo, un número creciente de arrestos, como el de Domínguez, parecen arbitrarios o injustificados en El Salvador, alegan grupos de derechos humanos.
Cristosal, una organización no gubernamental, ha documentado más de 500 casos de arrestos arbitrarios desde que se impuso el estado de excepción el 27 de marzo, según su director Noah Bullock. Amnistía Internacional aseguró este jueves que sus propias investigaciones sugieren que ha habido miles de detenciones que no cumplen los requerimientos judiciales.
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Bukele buscó los poderes ampliados, a través de una declaratoria de estado de excepción, después de que las pandillas -conocidas como maras- mataran a decenas de personas a fines de marzo. A dos semanas de las detenciones masivas, el presidente reconoció que puede haber un “error” de que el 1% de los arrestados no tenga ningún vínculo con las pandillas. Pero incluso ese número aparentemente pequeño sugiere que las autoridades no sustentan sus arrestos en investigaciones, dicen sus críticos.
Ahora, bajo el estado de excepción, las autoridades no tienen que dar una razón a los detenidos, quienes pueden permanecer 15 días sin ver a un juez y sin acceso a abogados.
Cuando los arrestados finalmente consiguen un abogado, la oficina del defensor público está abrumada. Decenas de miles de casos nuevos se han acumulado sobre los casos existentes. Y en todo el país sólo hay alrededor de 250 defensores públicos.
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