La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que los partidos políticos gastaron 44 millones 351 mil 799 pesos en el proceso de revocación de mandato que se llevó a cabo el pasado 10 de abril.
Durante la sesión ordinaria del Consejo General del INE, la consejera Carla Humphrey informó que se detectaron irregularidades que podrían terminar con una sanción, por lo que dijo que se investigará el gasto no permitido.
“Se tiene evidencia de conductas que podrían constituir infracciones a la normatividad, en este momento solo se da cuenta del hallazgo”, dijo.
Detalló que es pertinente y viable que las irregularidades y las demás infracciones no concluyan su análisis hasta la fiscalización del informe por lo que pidió que sean materia para investigar si contravienen la normatividad.
Ante esto, el consejero Ciro Murayama señaló que se trata de un informe atípico “porque cuando se fiscaliza se llega a conclusiones de investigaciones pero estamos hablando de un ejercicio no normado por la ley general de partidos políticos”.
“Fue una especie de campaña presidencial con financiamiento clandestino. Y eso no debe de pasar por alto una autoridad electoral cuya obligación es evitar que haya dinero opaco en la política”, sentenció.
El consejero aseguró que incluso el Metro de la Ciudad de México pagó campañas de la revocación de mandato.
“Qué raro que concesionarios públicos paguen campañas políticas. Ese es el abc de la corrupción electoral del mundo, cuando yo te doy una concesión pública y tú me financias una campaña política“, señaló.
“No es adecuado que la unidad oculte los hallazgos del informe, una cosa es presentar hallazgos y otra cosa es establecer conclusiones sancionatorias”, dijo.
Y destacó: “Lo ideal sería normar la fiscalización de ejercicios de revocación de mandato y no solo tener informes”.
Señaló que hubo gastos de procedencia desconocida y eso alteró las condiciones de la competencia electoral.
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“Eso implicó que hubo campañas electorales con financiamiento de origen desconocido y lo que nos debería de llamar la atención como autoridad electoral es que haya dinero opaco”, puntualizó.
Por su parte, el representante de Morena, Eurípides Flores, acusó que el documento está “plagado de afirmaciones y apreciaciones subjetivas, sin ningún sustento y de conclusiones inciertas, de decisiones que transgreden los principios de seguridad jurídica y legalidad”.
La consejera reiteró que el informe que se presentó tiene un carácter informativo y descriptivo sobre la fiscalización de la revocación de mandato, por lo que no es vinculante.
