EFE.- La Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidieron este martes al gobierno de México materializar la reforma sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
“Hacemos un llamado a incluir el respeto a los derechos humanos de los pueblos y permitirles ejercer de manera efectiva la libre determinación”, dijo Esmeralda Arosemena, relatora para México y de los derechos de los pueblos indígenas de la CIDH.
Durante la presentación del informe “Derecho a la libre determinación de los Pueblos Indígenas y Tribales”, realizado por la CIDH, Arosemena recordó que los derechos de los pueblos indígenas se han violentado particularmente cuando existen intereses, económicos, comerciales, políticos, militares u otros sobre las tierras y territorios de estos pueblos.
Señaló que pese a que en la Constitución de México y en diversos estándares internacionales se ha avanzado en el reconocimiento del derecho a la libre determinación y a la autonomía de estos pueblos, todavía se siguen enfrentando enormes dificultades.
“Por ello, el informe recomienda adoptar o reforzar las medidas necesarias para el funcionamiento de instituciones, incluyendo áreas de autogobierno, gestión, manejo territorial, recursos naturales y otras áreas”, dijo Arosemena.
La relatora de la CIDH señaló que la falta de respeto y reconocimiento de las instituciones representativas de los pueblos indígenas y tribales, y sus procesos de toma de decisiones por los Estados, son las principales problemáticas en toda la región de las Américas.
“Los pueblos indígenas han sufrido agresiones históricas como resultado de la colonización”, señaló.
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Dijo que esto queda en evidencia al constatar que los principales escenarios de confrontación han girado en torno a proyectos de explotación de recursos naturales e interpretaciones divergentes entre las comunidades y autoridades estatales u otros actores sobre la implementación de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado.
Argumentó que tal situación requiere un replanteamiento de las consultas públicas.
“El reconocimiento de la libre determinación de estos pueblos debe ser comprendido desde un enfoque reparador frente a violaciones históricas y contemporáneas a sus derechos humanos”, indicó.
