Estados Unidos retirará a cinco grupos extremistas de su lista de organizaciones terroristas extranjeras

Foto: AP

AP.- Estados Unidos está a punto de retirar de su lista de organizaciones terroristas extranjeras a cinco grupos extremistas, todos ellos considerados desaparecidos, entre los que se encuentran varios que en su día supusieron una amenaza importante y mataron a cientos, si no miles, de personas en Asia, Europa y Medio Oriente.

Aunque los grupos están inactivos, la decisión es políticamente delicada para el gobierno del presidente Joe Biden y los países en los que operan las organizaciones, pues podría generar críticas de las víctimas y sus familias que aún enfrentan la pérdida de sus seres queridos.

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Las organizaciones incluyen al grupo separatista vasco ETA, la secta japonesa Aum Shinrikyo, el grupo judío radical Kahane Kach y dos grupos islámicos que han estado activos en Israel, los territorios palestinos y Egipto.

El Departamento de Estado notificó el viernes al Congreso sobre la iniciativa, que se produce al mismo tiempo que en Washington y en otros lugares hay un debate cada vez más divisivo, pero no relacionado, sobre si la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán debe o puede ser eliminada legalmente de la lista negra norteamericana como parte de los esfuerzos para salvar el languideciente acuerdo nuclear con Irán.

Esa designación, que fue impuesta por el gobierno del entonces presidente Donald Trump, no se mencionó en las notificaciones del viernes.

En avisos separados a los legisladores, el Departamento de Estado dijo que las designaciones de terroristas para los cinco grupos se eliminarán formalmente cuando las determinaciones se publiquen en el Federal Register, el diario oficial del gobierno de Estados Unidos, lo que se espera para la semana próxima.

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The Associated Press obtuvo copias de las notificaciones, todas firmadas el miércoles por el secretario de Estado, Antony Blinken.

La razón general de las remociones es idéntica en cada uno de los casos: Blinken afirma que se basaron en una revisión administrativa de las designaciones, que por ley se exige cada cinco años.

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