Por Tania Rosas
El gobierno de la Ciudad de México no encontró ningún tipo de conflicto de interés cuando firmó el contrato por adjudicación directa con DNV GL México para que la empresa elaborara el dictamen técnico y el análisis causa-raíz sobre el derrumbe de la Línea 12 del Metro del 3 de mayo de 2021 en el que murieron 26 personas.
“Para prevenir el conflicto de intereses, en el procedimiento de adjudicación directa, previo a la formalización del presente contrato, se efectuó una consulta en el Sistema de Manifestación de no Conflicto de Intereses, de la que se desprende que no medió conflicto de intereses, de conformidad con el comprobante con número de procedimiento PC2151180692 de fecha 11 de mayo de 2021”, señala el contrato SGIRPC/DEAF/RMAS/CT/004/2021.
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La empresa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que los socios, directivos, accionistas, miembros de la administración, comisarios, apoderados, representantes legales, personal de ventas, comercialización y relaciones públicas no tenían relación personal, laboral, familiar o de negocios con ningún trabajador de la administración pública de la Ciudad de México, ni lo tuvieron un año antes de que se firmara el contrato.
DNV GL México se comprometió a que esta cláusula se extendiera por un año para evitar conflictos de interés. El contrato fue firmado el 12 de mayo de 2021, por lo que el compromiso sigue vigente.
Sin embargo, no hay ninguna cláusula que hable de rescisión del contrato si personal de la compañía laboró en el gobierno federal, en organismos autónomos o en el gobierno capitalino en años anteriores a 2020.
El contrato lo firmaron el representante legal de DNV GL México, Ausencio López Ramírez, y Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del gobierno capitalino, y Jesús Ramos, director ejecutivo de administración de esa dependencia.
Este miércoles la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acusó a la empresa de conflicto de interés al advertir que su nuevo representante legal, Héctor Salomón Galindo Alvarado, trabajó en la Secretaría de Educación Pública y en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción y que interpuso un recurso electoral en 2012 contra el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador.
El gobierno de Sheinbaum otorgó el contrato por 26 millones 232 mil 240 pesos a la empresa DNV por adjudicación directa, es decir, no hubo concursos entre proveedores.
El reporte de la fase 1 del dictamen técnico costó 8.1 millones de pesos, 5 millones de pesos el reporte de la fase 2 del dictamen técnico y 9.3 millones de pesos el reporte único de resultados de Análisis Causa-Raíz.
La empresa debió trabajar en el análisis de la falla local, pruebas y estudios de elementos en la zona siniestrada y en la recopilación de información, para lo cual se valió de 16 expertos nacionales y extranjeros.
