Los diputados del PAN aseguraron que analizarán la reforma electoral del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que fue enviada este jueves a la Cámara de Diputados, pero que no permitirán que ninguna reforma ponga en riesgo la democracia. Adelantaron también que presentarán su propia iniciativa.
“Las y los diputados del PAN analizaremos la reforma electoral del presidente. No permitiremos ninguna reforma que represente un retroceso y ponga en riesgo la democracia. Presentaremos nuestra iniciativa en materia electoral que busca fortalecer instituciones y mira hacia adelante”, informaron los diputados del PAN en Twitter.
Por su parte, los gobernadores del PAN expresaron que respaldan al Instituto Nacional Electoral (INE), organismo atacado por el gobierno federal, porque ha asegurado la paz, certidumbre y eficiencia.
“Es y debe seguir siendo garante de la imparcialidad electoral en el país”, manifestaron los panistas.
En la conferencia matutina, el presidente López Obrador informó que este jueves envió su iniciativa de reforma electoral a la Cámara Baja para garantizar “elecciones limpias y libres”.
“Que dejemos atrás de una vez y para siempre, la historia de fraudes. Ese es nuestro propósito. (…) No hay la intención de que se imponga un partido único. Lo que queremos es que haya una auténtica democracia en el país, que se terminen con los fraudes electorales, que sea el pueblo el que elija libremente a sus representantes”, argumentó.
La reforma electoral propone la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). Así como que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos mediante voto popular.
También se busca desaparecer a los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) y a los tribunales locales para que se federalicen las elecciones.
Así como la reducción del número de diputados y senadores plurinominales, del financiamiento a los partidos políticos y el costo de las elecciones con lo que se implementaría el voto electrónico.
Por otra parte, se plantea la reducción al 33% de participación ciudadana para que las consultas de revocación de mandato sean vinculantes.
