Proyecto del Tribunal Electoral propone desechar impugnaciones contra la revocación al no resultar vinculante

Las entidades que le dieron la mayor cantidad de votos en 2018 al presidente Andrés Manuel López Obrador fueron el Estado de México, la Ciudad de México y Veracruz. Ayer, durante el ejercicio de consulta de revocación de mandato, realizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), estas tres entidades significaron el 31% de la votación.
Foto: Cuartoscuro

Un proyecto de resolución que se discutirá y votará en el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) propone determinar improcedentes las impugnaciones presentadas contra la consulta de revocación de mandato debido a que el ejercicio no alcanzó el 40% del listado nominal y no resultó vinculante.

En el documento —elaborado por el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, y publicado en el sitio del Tribunal desde el 21 de abril— se declara improcedente la solicitud de invalidar el proceso de revocación de mandato, así como las de recontar la votación recibida en diversas casillas y anular la votación recibida en otras.

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Los juicios de inconformidad contra el proceso de revocación de mandato desechados fueron presentados por Movimiento Ciudadano, PRD, Morena y el PRI. Además, el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, presentó una queja.

Los demandantes consideraron que hubo violaciones graves “que vulneraron los principios que debieron regir en el ejercicio revocatorio“.

El proyecto de Reyes Rodríguez determinó que “son inviables las pretensiones de recontar la votación recibida en diversas casillas y anular la votación recibida en otras; así de como invalidar el proceso de revocación de mandato, ya que el proceso carece de efectos jurídicos al no haberse logrado el porcentaje de participación ciudadana exigido jurídicamente para que el proceso sea válido”.

Planteó vincular a la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral (INE), con la Sala Regional Especializada del Tribunal y la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales (FEDE), para que investiguen y, de ser necesario, sancionen las conductas irregulares denunciadas.

El PRD acusó en su impugnación que hubo uso de recursos de procedencia ilícita por parte de la organización “Que siga la democracia” para promover la consulta. Recursos que le habrían sido entregados por Morena.

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Señaló la injerencia de funcionarios que realizaron propaganda gubernamental y promoción presidente Andrés Manuel López Obrador, “lo cual implicó un uso indebido de recursos públicos y presión del electorado”.

Por su parte, Movimiento Ciudadano solicitó a la Sala Superior del TEPJF pronunciarse sobre los hechos acusados durante el proceso de revocación “para no dejar un precedente que permita la impunidad de estas irregularidades”.

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