EFE.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció este jueves en una resolución especial, dentro de su reunión semestral, el alto índice de impunidad en el asesinato de periodistas que prevalece en México e instó al gobierno a “poner fin a la ausencia de justicia” que rodea estos crímenes.
En la resolución emitida, la SIP condena los “crímenes impunes” de los periodistas Alfredo Jiménez Mota, Francisco Ortiz Franco, Víctor Manuel Oropeza, Héctor Félix Miranda y Benjamín Flores González, casos que se hallan en diferentes etapas procesales ante la Comisión de Derechos Humanos (CIDH).
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Recordó que Jiménez Mota lleva desaparecido desde el año 2005 y que el Estado mexicano realizó un acto de disculpa pública por no garantizar su seguridad, además de mencionar el caso de la familia de Ortiz Franco, asesinado en 2004 en Tijuana, a la espera de la respuesta del Estado a un acuerdo de solución amistosa.
La SIP, con sede en Miami, Florida, expresó su satisfacción por el acto de reconocimiento de responsabilidad pública mostrado por el gobierno en la desaparición de Jiménez Mota y pidió a las autoridades “avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones” de la CIDH por los casos de Manuel Oropeza y Félix Miranda.
Insistió la SIP en su resolución en que el Estado mexicano debe “ratificar” el compromiso de seguir atendiendo los casos sometidos ante la CIDH “para que no queden impunes, no caigan en el olvido” y las autoridades reparen “de forma digna e integral a las familias de cada una de las víctimas”.
Lamentó la SIP que, más de 30 años después del asesinato de Oropeza Contreras, este sigue impune y las conversaciones con representantes del Estado para lograr un acuerdo según las recomendaciones de la CIDH “están estancadas”.
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La misma consideración expresó la SIP, cuya reunión semestral concluye este jueves, con los casos de Flores González y de Félix Miranda, asesinados en 1997 y 1988, respectivamente, que “aún no gozan de justicia plena”.
Cerca de 25 años después del asesinato de Flores González “continúan las mismas violaciones a los derechos a la vida, la integridad y libertad personal y el derecho a la protección judicial”, entre otros, considera la resolución.
Destaca también que la impunidad y la violación de las garantías de los periodista asesinados “se extiende al derecho de los familiares a conocer la verdad y alcanzar justicia” y que estos asesinatos “restringen la libertad de expresión y prensa” en el país.
“Las autoridades tienen la responsabilidad de esclarecer los crímenes contra periodistas, tal como lo expresa nuestra Declaración de Chapultepec en su cuarto principio”, subraya la resolución.
En los tres primeros meses del año han sido asesinados 13 periodistas en Latinoamérica, ocho de ellos en México, una cifra alarmante que revela la “deficiencia” de los sistemas de protección y seguridad para estos profesionales.
