La ministra Yasmín Esquivel Mossa determinó suspender la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dada a la Fiscalía General de la República (FGR) de entregar al Instituto Nacional Electoral (INE) la carpeta de investigación que lleva a cabo contra Pío López Obrador, hermano del presidente, por los videos revelados en 2020 por Latinus, en los que se le ve recibiendo sobres de dinero de manos del entonces asesor del gobierno de Chiapas, David León.
Así resolvió este martes la presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación (SCJN) la medida cautelar solicitada por la FGR como parte de la controversia constitucional 6/2022 que presentó en enero pasado contra el fallo del TEPJF.
La ministra Esquivel Mossa consideró que al entregar la carpeta de investigación que involucra al hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador y a David León Romero al INE, esto vulneraría su derecho a la protección de los datos personales, y “causaría daños irreversibles” al ser “imposible volver las cosas al estado en que se encontraban”, de acuerdo con el documento del incidente de suspensión de la controversia constitucional.
“Esto, debido a que otorgar la documentación solicitada a la Fiscalía General de la República, podría vulnerar el derecho humano de protección de los datos personales, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en ellos se restringe el uso de la información personal, en aras de preservar la vida privada de las personas involucradas”, se lee en el documento
Y agrega: “De no concederse la medida cautelar (…) se causarían daños irreversibles, porque de otorgarse la documentación solicitada, sería imposible volver las cosas al estado en que se encontraban”.
El pasado 22 de febrero, el TEPJF ordenó a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEDE) entregar al INE copia de la carpeta de investigación del caso Pío López Obrador.
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Los magistrados de la Sala Superior del TEPJF resolvieron así –por cinco votos a favor y dos en contra– el expediente SUP-JE-263/2021, tras considerar que la información es necesaria para que el INE lleve a cabo procesos de fiscalización de los gastos de los partidos políticos, reiterando así su resolución del pasado 22 de diciembre.
Ante esto, la FGR acudió a la Corte a presentar una controversia constitucional contra el fallo del Tribunal Electoral, que los ministros admitieron a trámite.
