Por Tania Rosas y José Gerardo Mejía
Luego del rechazo a la reforma eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para prohibir que el sector privado participe en las asignaciones mineras relativas al litio, mineral que será reconocido como patrimonio de la Nación.
El presidente propuso que la exploración, explotación y aprovechamiento del litio se reserve para beneficio exclusivo del pueblo de México.
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Plantea además que las cadenas de valor económico se administren y controlen por México a través de un organismo público descentralizado, al cual deberá auxiliar el Servicio Geológico Mexicano.
“La exploración, la explotación y el aprovechamiento del litio quedan exclusivamente a cargo del Estado y se llevarán a cabo por el organismo público descentralizado que determine el Ejecutivo Federal en términos de las disposiciones aplicables. El cumplimiento de la legislación y tratados internacionales en materia de protección al medio ambiente y derechos de los pueblos originarios será escrupuloso por parte de dicho organismo público”, precisa la iniciativa.
El Ejecutivo federal argumentó que es necesaria la reforma a los artículos 5, 9 y 10 de la Ley Minera porque el litio ha adquirido relevancia tecnológica y económica por sus características, es el mineral más ligero de todos y tiene múltiples aplicaciones para la vida moderna, ya que se emplea en la fabricación de aviones y trenes, producción de baterías y manufactura de las baterías de las computadoras portátiles, teléfonos y otros dispositivos portátiles.
“La Ley Minera expedida en 1992 estuvo diseñada para proteger y garantizar los intereses de las empresas privadas, nacionales y extranjeras, para obtener concesiones, sin que importen los derechos del pueblo de México. Es una ley con tendencia neoliberal porque puso el marco jurídico al servicio de los grandes capitales y no de la sociedad. Es una ley carente de sentido social, solidario o fraterno”, destacó en la exposición de motivos.
La iniciativa está acompañada por una evaluación de impacto presupuestario a cargo de la Secretaría de Hacienda.
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“La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal señala que el proyecto prevé la creación de un organismo público descentralizado, mismo que no tendrá un impacto presupuestario derivado de la creación de nuevas instituciones, toda vez que se cubrirán mediante movimientos compensados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, con cargo al presupuesto de la dependencia que asuma las funciones de coordinación sectorial del citado organismo”, resalta.
Los diputados están citados este lunes por la tarde porque Morena y sus aliados pretenden aprobar en fast track esta iniciativa presidencial, toda vez que sólo requieren de la mayoría absoluta para pasar la reforma al Senado.
