Por Tania Rosas
Al menos 28 empresas de diversos países estarían en posición de interponer controversias internacionales o exigir indemnización al gobierno mexicano si se aprueba la reforma eléctrica que cancela los permisos de generación eléctrica y los contratos de compra venta de electricidad con el sector privado, advirtió el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP).
El CEFP presentó a los diputados la Valoración de Impacto Presupuestario de la reforma eléctrica, en el que precisa que estas 28 empresas tienen en curso 57 proyectos en operación y 14 nuevos proyectos en etapa de ejecución que en conjunto implican un monto de inversión de 8 mil 904 millones de dólares y una adición de 9 mil 525 megawatts de capacidad eléctrica en energía limpia.
Empresas de México, Estados Unidos, Canadá, China, España, Francia, Italia, Corea del Sur, Japón, Portugal, Países Bajos y Reino Unido, entre otros países, que ganaron las tres primeras subastas de largo plazo entre 2015 y 2018 podrían acudir a tribunales internacionales o exigir indemnización, según lo convenido en los contratos y si se encuentran al amparo de tratados internacionales, precisa el documento, al cual tuvo acceso Latinus.
Uno de los puntos que el gobierno federal, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados no han querido aceptar es eliminar del dictamen de reforma eléctrica la cancelación de contratos.
De acuerdo con la valoración del CEFP, la cancelación de los contratos “constituirán, en su caso, pasivos contingentes en un mediano plazo” para la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Aunado a los proyectos derivados de las subastas a largo plazo, es decir, contratos de 15 a 20 años para satisfacer las necesidades de potencia, energía eléctrica acumulable y Certificados de Energías Limpias, hay otros 157 proyectos del subsector electricidad para la generación de electricidad con una inversión total de 845 mil 623 millones de pesos que estarían en riesgo de ser cancelados.
“De ese total se reportan en etapa de autorización y ejecución 123 proyectos que fueron propuestos por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y cuya inversión asciende a 561 mil 42 millones de pesos. No obstante, se desconocen los términos de los contratos y, por tanto, si estos entrasen en un pasivo contingente, toda vez que existe la posibilidad de que lleguen a estar afectados por la implementación de la iniciativa”, precisa.
Pese a los costos legales, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas concluye que la CFE lograría reducir costos por la cancelación de los contratos de privados, toda vez que Miguel Santiago Reyes, director general de CFEnergía y CFE Internacional expuso que los productores independientes de energía han generado pérdidas para la CFE por 412 mil 410 millones de pesos.
El documento concluye que la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador generaría efectos negativos y también positivos.
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Efectos negativos
El CEFP, centro especializado de investigación de la Cámara de Diputados, precisa que la reforma podría generar externalidades negativas como costos de pasivos contingentes, la interposición con algunos puntos de acuerdos comerciales internacionales y “un impacto potencial que provendría de la inversión en la exploración y explotación del litio, así como un ingreso adicional por la distribución y comercialización del mismo”.
Además, prevé un impacto presupuestal proveniente de la transición energética, el cual dependerá de las políticas que se decidan implementar por parte de la CFE.
Efectos positivos
El estudio concluye que la reforma generaría un efecto positivo potencial en las finanzas de la CFE, sobretodo por incrementar la generación para cumplir con el 54% de la demanda de energía eléctrica, que dependerá de las tecnologías que se utilicen.
También por la desaparición de los Certificados de Energías Limpias (CEL´s), es decir, títulos emitidos por la Comisión Reguladora de Energía que acreditan la producción de un monto determinado de energía eléctrica a partir de las energías limpias.
“(La reforma) propone la eliminación de estos instrumentos, y con ello la obligación de la CFE a adquirirlos. Esto representaría una reducción al gasto de la CFE, cuya magnitud no es estimable, en la medida en que la cantidad de CELs ofertados y sus precios están sujetos a las condiciones de mercado”.
