Los responsables del creciente número de desapariciones forzadas en México son servidores públicos y el crimen organizado, concluye el Informe sobre México del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, tras su visita en noviembre de 2021.
Entre los señalamientos del comité del organismo internacional, publicados este martes, destaca el hecho de instar al gobierno y Estado mexicano a tomar “acciones acciones inmediatas para acabar con la impunidad absoluta y a una política nacional para prevenir esta tragedia humana”.
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“La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”, documenta el informe del comité.
“Los Estados parte son responsables de las desapariciones forzadas cometidas por los servidores públicos, pero también pueden ser responsables de las desapariciones cometidas por organizaciones criminales”, subraya el comité.
Durante la presentación de las conclusiones, la presidenta del comité, Carmen Villa, agradeció a las autoridades, familias y acompañantes por permitir la visita que realizo en noviembre de 2021 para elaborar dicho informe. “La efectiva implementación de todos los instrumentos debe ser prioritaria en la lucha contra las desapariciones forzadas”.
Tendencias, causas y desafíos
El informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, detalla las tendencias recientes, las causas fundamentales y los desafíos actuales de las desapariciones forzadas.
Había 95 mil 121 personas registradas como desaparecidas al 26 de noviembre de 2021 y de esas, se agregaron 112 desapariciones durante la visita del comité.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hubo 8 mil casos nuevos cada año en los últimos cinco años.
“Las desapariciones siguen afectando principalmente a hombres de entre 15 y 40 años. No obstante, las cifras oficiales muestran un aumento notable de las desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudizó en el contexto de la pandemia de la enfermedad por coronavirus”, constató el Comité.
“Víctimas y autoridades también reportaron desapariciones que tenían por objetivo la trata y explotación sexual”, consigna el documento.
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El comité también mostró preocupación por la situación de los defensores de los derechos humanos, algunos de los cuales han sido desaparecidos por su participación en búsquedas y lucha contra las desapariciones.
En el caso de las desapariciones de periodistas, resaltó la cifra de más de 30 periodistas entre 2003 y 2021, ninguno de los cuales ha sido localizado.
Durante su visita a México a finales del año pasado, el comité también escuchó alegaciones de desapariciones ocurridas en prisiones y centros de migración, y tomó nota de los obstáculos que impiden a las personas privadas de libertad contactarse con el exterior e informar sobre su paradero.
El comité también recibió alegaciones de que a los migrantes detenidos ilegalmente en lugares desconocidos los perpetradores les quitaron los celulares y luego les exigieron dinero a las familias, a veces con el apoyo o la aquiescencia de servidores públicos.
El comité detectó que la alarmante tendencia al aumento de las desapariciones forzadas fue facilitada por la impunidad casi absoluta. Hasta noviembre del año pasado, un porcentaje muy pequeño de los casos de desaparición, entre el 2 y el 6 por ciento, habían resultado en procesos penales, y solo se habían dictado 36 condenas en casos a nivel nacional.
Villa Quintana destacó que “la impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto”.
Dicha impunidad opera como factor de revictimización, dijo Villa Quintana, quien destacó que al 26 de noviembre de 2021 sólo se emitieron 36 sentencias en caso de desaparición a nivel nacional.
El comité también documenta su profunda preocupación por la crisis forense que enfrenta el país. Según datos públicos, más de 52 mil personas fallecidas no identificadas se encuentran en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de custodia y almacenamiento forense.
Además, a pesar de los avances institucionales y legales, el Plan Nacional de Búsqueda no se ha implementado para llevar a cabo búsquedas e investigaciones, por lo que se requiere establecer una ruta clara para las investigaciones de desaparición forzada en la Fiscalía General de la República, así como para la coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda.
En sus recomendaciones, el comité identificó medidas que el Estado parte debería tomar para implementar una política nacional para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas, entre ellas:
Urgió a México a fortalecer los procesos de búsqueda e investigación, brindar apoyo humano y financiero adecuado a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las comisiones locales, y asegurar la coordinación sistemática y efectiva de todas las instituciones involucradas en el proceso de búsqueda, investigación, reparación y acompañamiento a las víctimas.
El organismo también hizo un llamado a México “para que elimine los obstáculos en la persecución penal, preste la debida atención a las desapariciones de migrantes y aborde la crisis forense en el contexto de una Política Nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas”.
“Para que en México la desaparición deje de ser el paradigma del crimen perfecto, la prevención debe ser el centro de la política nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas”, concluyó el comité.
“La desaparición forzada en México es un problema de todos: de la sociedad en su conjunto y de toda la humanidad. El comité reitera su compromiso inquebrantable de apoyar los procesos desarrollados para prevenir y erradicar esta tragedia humana.
El informe completo del comité, que durante su visita a México visitó 13 estados y sostuvo reuiniones con más de 85 instituciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como con organismos autónomos y cientos de víctimas, así como decenas de organizaciones de la sociedad civil, puede ser consultado en su totalidad aquí.
