El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este jueves la Ley de la Industria Eléctrica, conocida como “ley Bartlett”, publicada el 9 de marzo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación.
Sólo cuatro ministros votaron en su totalidad por el proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, que defendía el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversos artículos a la Ley de la Industria Eléctrica, y contra el que los senadores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano presentaron el juicio de control de constitucionalidad.
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“Se concluye que las reformas impugnadas no son violatorias del contenido de los artículos 14, 16, 25, 26, 27 y 28 constitucionales, ni al régimen transitorio del Decreto de reformas constitucionales de 2013 respecto a energías limpias, tampoco a los objetivos del Sistema Eléctrico Nacional”, señalaba el proyecto.
Ministros se pronunciaron a favor del proyecto de Loretta Ortiz, sin embargo, votaron contra los artículos que impedían la libre competencia en el mercado eléctrico, así como los que atentaban contra el fomento de la energía limpia.
Pese a ello, no se alcanzaron los votos requeridos para que las partes de la ley que fueron consideradas como inconstitucionales fueran expulsadas del orden jurídico.
La ministra Margarita Ríos-Farjat abogó por ceñir el debate a la legislación vigente, refiriéndose a la reforma energética que se aprobó en 2013.
“Nuestro papel no es cuestionar a la Constitución porque ello desdibujaría nuestro quehacer como sus intérpretes. Lo que la Constitución determina implica una limitación para nosotros, pues no somos la sede democrática por excelencia para fijar nosotros otros límites, esa sede es el Congreso”, apuntó la ministra.
La ministra Yasmín Esquivel defendió la necesidad de la Ley de la Industria Eléctrica. Durante su intervención, el ministro Javier Laynez se pronunció por la libre competencia en el sector.
“La subasta lo que propicia o lo que obligaba, por eso estaba mandatoria, antes de la reforma es comprar energía más eficiente, más barata y más limpia”, señaló.
Por su parte, el ministro Juan Luis Gonzáles Alcántara Carrancá apuntó que los legisladores debían de argumentar la razón para reducir la participación de las energías limpias.
“El legislador tenía la obligación de demostrar la necesidad de las medidas para disminuir su participación (de las energías limpias) y cómo esta disminución fomentaba la confiabilidad del sistema eléctrico nacional”, señaló.
Los senadores de oposición presentaron hace casi un año, el pasado 8 de abril, la acción de inconstitucionalidad en contra del decreto de la reforma eléctrica.
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Entre las argumentaciones señalaron, además, que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica atenta en contra de derechos humanos al limitar el acceso de las personas a derechos a un medio ambiente sano, así como del Acuerdo de París y los instrumentos internacionales en materia de energía limpia y transición energética.
“Socava la autonomía de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE)”, advirtieron.
Apuntaron que la reforma eléctrica se contrapone a lo establecido en la reforma constitucional de 2013 en materia de energía y electricidad.
Todos los puntos expuestos por los legisladores en la acción de inconstitucionalidad fueron declarados infundados en el proyecto de la ministra Ortiz Ahlf, quien recibió el aval de los ministros para participar en la discusión.
