AP.- La Corte Suprema restauró el miércoles una regla ambiental de la era Trump que limita los poderes de los estados y las tribus nativas americanas para bloquear tuberías y otros proyectos de energía que podrían contaminar ríos, arroyos y otras vías fluviales.
En una decisión que dividió a la corte en 5-4, los jueces acordaron detener la orden de un juez de primera instancia para anular la regla. La acción del tribunal superior no interfiere con el plan de la administración Biden para reescribir la norma. Se ha comenzado a trabajar en una revisión, pero la administración ha dicho que no se espera una final hasta la primavera de 2023. Mientras tanto, la regla de la era Trump seguirá vigente.
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Los tres jueces liberales de la corte y el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, disintieron. Los otros jueces conservadores de la corte, incluidos tres nominados por el presidente Donald Trump, votaron para restablecer la regla.
Escribiendo para los disidentes, la jueza Elena Kagan dijo que el grupo de estados y asociaciones industriales que habían pedido que se suspendiera el fallo del tribunal inferior no habían demostrado las circunstancias extraordinarias necesarias para conceder esa solicitud.
Kagan dijo que la mayoría de la corte se había “desviado” al conceder la petición de emergencia y estaba haciendo un mal uso del proceso para tratar con tales peticiones. Ese proceso a veces se llama el “expediente en la sombra” de la corte porque la corte proporciona una decisión rápidamente sin el informe completo y el argumento. Los jueces liberales han criticado recientemente su uso.
Como es típico, los jueces en su mayoría no explicaron su razonamiento.
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La sección de la ley federal en cuestión en el caso es la Sección 401 de la Ley de Agua Limpia. Durante décadas, la regla señalaba que una agencia federal no podía emitir una licencia o permiso para realizar ninguna actividad que pudiera resultar en una descarga en aguas navegables a menos que el estado o la tribu afectados certificaran que la descarga cumplió con la Ley de Agua Limpia y ley estatal, o renuncia a la certificación.
En 2020, la administración Trump redujo ese poder de revisión luego de las quejas de los republicanos en el Congreso y la industria de los combustibles fósiles de que los funcionarios estatales habían utilizado el proceso de permisos para detener nuevos proyectos de energía, con el objetivo de acelerar proyectos energéticos como oleoductos y gasoductos naturales.
Los estados, las tribus nativas americanas y los grupos ambientalistas demandaron, mientras que varios estados liderados en su mayoría por republicanos, una asociación comercial nacional que representa a la industria del petróleo y el gas y otros han intervenido en el caso para defender la regla de la era Trump. Los estados involucrados en el caso son: Arkansas, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, West Virginia, Wyoming y Texas.
