EFE.- La ciudad estadounidense de El Paso (Texas) llegó a un acuerdo judicial en el que entregará 1.2 millones de dólares a la familia de Erik Emmanuel Salas Sánchez, un joven de origen mexicano quien fue asesinado en 2015 por la policía local.
“Estamos aquí porque el Departamento de Policía de El Paso aceptó que hicieron algo fuera de la ley (…) Ellos entraron a mi casa y no pidieron permiso para entrar, después le dispararon a mi hijo enfrente de mí, de mi hija, de mi nieto, sin ninguna razón”, dijo Celia Sánchez, madre del joven durante una conferencia de prensa.
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Aseguró que su hijo no estaba robando, como lo dijo en su reporte la policía, ni tampoco opuso resistencia. “Ojalá y esto sirva para nadie vuelva a pasar por este dolor tan grande, jamás volveremos a ser los mismos, tenemos que aprender a vivir con ello”, dijo la madre.
Los hechos ocurrieron el 29 de abril de 2015, cuando la policía de El Paso respondió a una llamada de emergencia en la residencia de Salas, relacionada con un posible robo.
En su momento, la policía aseguró que habían disparado en contra del sospechoso, después de que este los amenazara. De acuerdo con el médico forense, los tres disparos que recibió Salas Sánchez fueron por la espalda.
La familia presentó una demanda, pues aseguraron que la madre le dijo a los policías que su hijo estaba “actuando de forma extraña”. Aseguraron que la policía no estaba preparada para enfrentar una situación con una persona que vive con una enfermedad mental.
“Este dinero no traerá a mi hermano de regreso. Hay muchos policías que abusan de su poder como en este caso. Los oficiales no saben cómo responder a un insulto, eso fue lo que le costó la vida, un insulto”, dijo Nora Salas en la conferencia.
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Hasta el momento ninguno de los policías involucrados en este caso han enfrentado cargos.
Activistas hicieron un llamado para que el Departamento de Policía de El Paso haga cambios internos para evitar casos como este y ofrezcan un mejor entrenamiento a sus oficiales.
El acuerdo llegó cuando diversos departamentos policíacos a nivel nacional se encuentran en la mira ante denuncias de casos de abuso de poder y uso de fuerza letal.
