Por José Gerardo Mejía
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León documentó amenazas y coacción para que unos mil servidores públicos de ese estado recabaran firmas en beneficio de la candidatura presidencial de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” en 2018.
De acuerdo con información obtenida por Latinus, el lunes pasado se abrieron nuevas carpetas de investigación luego de que excolaboradores de la administración de Rodríguez Calderón, que gobernó Nuevo León de 2015 a 2021, denunciaron que fueron obligados a entregar una cuota de apoyos por escrito y económicos.
Esta labor, aseguran, la hicieron en fines de semana, con incapacidades de trabajo y en periodos vacacionales. Todo, de acuerdo con lo documentado por la Fiscalía Especializada, bajo amenaza de sanciones administrativas o de perder su empleo.
En la lista hay también subsecretarios, directores, subdirectores y analistas de 23 dependencias estatales, quienes a su vez ordenaron y presionaron a técnicos forestales, secretarias, policías, choferes, jardineros e intendentes para juntar los apoyos.
El pasado 15 de marzo, el exgobernador de Nuevo León fue detenido por delitos electorales. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) estatal lo investiga por recibir aportaciones de dinero irregulares. Actualmente, “El Bronco” está en prisión preventiva en el penal de Apodaca.
De acuerdo con las indagatorias, entre los principales responsables está Manuel Florentino González Flores, exsecretario general de Gobierno con “El Bronco” y gobernador interino del 1 de enero al 2 de julio de 2018; Manuel Enrique De la O Cavazos, exsecretario de Salud, y Aníbal Pacheco López, excoordinador de la representación del gobierno de Nuevo León en la Ciudad de México.
Pacheco López es señalado de organizar, junto con la Secretaría de Gobierno, la logística para que grupos de servidores públicos hicieran escala en la capital del país con la finalidad de ser enviados a varias entidades y recabar firmas en su horario laboral.
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La fiscalía estatal apoyó sus pesquisas en la resolución del Procedimiento Especial Sancionador: SRE-PSC-153/2018 de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En este documento aparece que el exsecretario de Salud estatal recabó mil 700 firmas, la mayor cifra reportada para un funcionario.
Otros funcionarios como Bruno Eloy Ríos Alfaro, que tenía a su cargo la estrategia de redes sociales, entregó mil 228, mientras que Adrián Humberto Rodríguez Luévano, exjefe de Fondos, reportó 807 firmas.
Estas tareas las llevaron a cabo en horas de trabajo para trasladarse con chalecos y gorras proselitistas, de acuerdo a datos cotejados por la fiscalía estatal y que aparecen en la Cuenta Pública 2018 del Gobierno de Nuevo León.
En la lista de más de 570 servidores públicos involucrados hay al menos otros cuatro exsecretarios: de Gobierno, Genaro Alanís de la Fuente; Finanzas y Tesorería General del Estado, Carlos Alberto Garza; Desarrollo Social, Eugenio Montiel Amoroso; y de Educación Pública, María de los Ángeles Errisuriz.
Además, hay dos encargados del despacho en las secretarías de Seguridad Pública, Mónica Gricelda Garza, y de Trabajo, Felipe Avilés Fabián, quienes serán citados a declarar antes del viernes 8 de abril, fecha en la que se prevé que se llevará a cabo la siguiente audiencia de Rodríguez Calderón.
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De acuerdo a una de las carpetas de investigación a la que tuvo acceso Latinus, la Secretaría de Gobierno tiene 250 servidores públicos investigados y acumula la mayor cantidad de involucrados. Esta dependencia fue encabezada por Genaro Alanís de la Fuente, y por Manuel Florentino González Flores.
Entre los funcionarios que han sido señalados de haber ejercido presiones y amenazas a servidores públicos, están Yolanda Deyanira Cedillo Morales, exdirectora de Control y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Pública, y Dulce María Facundo Torres, quien se desempeñó como analista de información.
En su informe de la Cuenta Pública de 2018, la Auditoría Superior del Estado confirmó que el recabar firmas a favor de las aspiraciones del Bronco afectó programas prioritarios como Aliados Contigo, el cual en ese año no registró ninguna actividad en siete meses.
“La auditoría arroja indicios significativos de un inadecuado uso del recurso humano del Programa Aliados Contigo, consistente en la distracción de personal a funciones o actividades que no correspondían a su ámbito funcional o de actuación laboral, lo que implica, además, posibles daños al patrimonio del Estado”, resaltó la Auditoría Superior del Estado.
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El Programa Aliados Contigo fue impulsado por “El Bronco” con el objeto coordinar estrategias y acciones para combatir la pobreza y disminuir los índices de marginación de las zonas más vulnerables de Nuevo León.
